Pedro Sánchez se reunió este miércoles con Pablo Iglesias tras conocer la petición del juez Manuel García-Castellón al Supremo para que investigue al líder de Podemos. El presidente del Gobierno respaldó a su socio y descartó su destitución, aunque en la Moncloa se ha ... instalado la inquietud por la situación procesal del vicepresidente.
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Momentos antes de viajar a Argelia, Sánchez comentó en una charla informal con periodistas que había conversado con Iglesias, al que comunicó que no estaba preocupado y descartó que vaya a tener consecuencias inmediatas en la coalición gubernamental.
El presidente del Gobierno recibió con sorpresa la noticia de la petición García-Castellón al Supremo. Ni él ni nadie en la Moncloa tenía indicios de que el juez instructor iba a dar ese significativo paso que supone un problema adicional a las dificultades que soporta la cohabitación en el Consejo de Ministros.
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Pero Sánchez quiso disipar las dudas sobre su apoyo al vicepresidente segundo. Fuentes gubernamentales, no obstante, reconocieron que «está todo abierto» a expensas de lo que decida el Supremo.
La consigna de «respeto a las decisiones judiciales» y abrigar a Iglesias fue seguida con disciplina en el Gobierno y en el PSOE. «Tiene todo nuestro apoyo», resaltó la ministra portavoz fiel al guion. Pero entre los ministros y dirigentes socialistas se empezaron a barajar salidas a la crisis abierta. Nadie quería hablar de soluciones drásticas. Aunque, como dice el tópico, el elefante estaba en la habitación.
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En la Moncloa reclamaron prudencia porque aún no ha pasado nada. Un juez, señalaron fuentes gubernamentales, ha pedido que se investigue a Iglesias basándose en unos indicios que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional calificó de especulaciones sin base.
Ahora la pelota la tiene el Supremo que, además de valorar si atiende la petición de García-Castellón, tendrá que requerir el parecer de la Fiscalía que dirige la exministra Dolores Delgado. Y aunque alguna fuente jurídica ve probable que el tribunal atienda las razones del juez, en el Gobierno piden esperar a que la Sala Segunda decida.
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En esa hipótesis, el Congreso votaría el suplicatorio de Iglesias para autorizar su enjuiciamiento, y sin el voto del PSOE ese permiso es improbable. Pero la Moncloa espera no llegar a ese trance.
Si en el Gobierno hubo sorpresa, en Podemos cayó como «una bomba» a la que no daban «crédito». Su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, denunció que la decisión de García-Castellón evidencia que «contra Podemos y Pablo Iglesias vale todo». La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se declaró «tranquila y muy confiada en su inocencia. El tiempo como siempre hablará». La de Igualdad, Irene Montero, reprochó al PP sus exigencias de dimisión y señaló que «la diferencia entre ustedes y nosotros es que las querellas que nos ponen acaban archivadas y las suyas, con sus militantes en la cárcel».
Iglesias fue menos locuaz. Participó en un acto en la Moncloa sobre los planes para la gestión de los fondos europeos de reconstrucción y evitó comentar la decisión del juez. Aunque durante su intervención criticó «a una parte muy importante de las derechas y a algunos poderes profundos que nos quieren devolver al pasado». Una frase que se presta a interpretaciones.
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