El presidente abre ahora la puerta a retocar el 'sí es sí' si el Supremo se reafirma

A pesar de suprimir la atenuante analógica que les fue aplicada en su momento por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el alto tribunal rebajó la semana pasada en un año la pena que habría impuesto a los dos jugadores de fútbol de la Arandina condenados por agresión sexual a una menor al aplicar el texto impulsado desde el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero.

Sánchez frenó hace tres semanas el debate que se había abierto en sus propias filas en torno a la necesidad de corregir dicha ley, en un intento de evitar un nuevo y dramático choque en el seno de la coalición gubernamental. Acababan de producirse las primeras revisiones judiciales que, tras la entrada en vigor de la norma, habían rebajado condenas. La alarma cundió entre los socialistas mientras Podemos se lanzaba a acusar sin matices a los jueces de hacer una lectura errónea e interesada de lo previsto por el legislador como consecuencia de un machismo intrínseco.

El presidente, entonces de viaje en Bali para participar en una reunión del G-20, intervino para poner orden: defendió las bondades del texto y pidió confianza en que la Fiscalía y los tribunales unificarían doctrina en un sentido más favorable a las víctimas. Sus planes, sin embargo, han terminado topando con la obligación de los jueces de aplicar la norma más beneficiosa para el reo y de dar a cada caso un tratamiento individualizado. En este tiempo se han producido ya más de una docena de excarcelaciones y medio centenar de rebajas de penas.

En el Ejecutivo siguen pidiendo cautela e insisten en esperar a que el Supremo vuelva a pronunciarse antes de dar ningún paso. Pero también admiten que si el alto tribunal se reafirma en sus posiciones (dos sentencias suyas bastan para sentar jurisprudencia) darán curso a una enmienda para reformar la norma y paliar lo que la ministra de Defensa y juez de profesión, Margarita Robles, no dudó en calificar el pasado sábado de «lagunas».

Entre las opciones que maneja el ala socialista del Gobierno está aprovechar la reforma del Código Penal que suprimirá la sedición para llevar a cabo las modificaciones pertinentes, pero el plazo de enmiendas para esa norma termina este viernes y de aquí a entonces no es esperable que el Supremo vuelva a pronunciarse. Registrar una enmienda en el Senado sería otra vía posible, pero eso ralentizaría una tramitación que se quiere llevar a cabo de manera acelerada, esto es, por la vía de urgencia. De modo que fuentes gubernamentales ya apuntan a la posibilidad de utilizar cualquiera de las leyes orgánicas que están en tramitación en la Cámara baja para colar su corrección.

La decisión no está exenta de riesgos y probablemente abrirá otro frente con Podemos, que sigue dando por blindada una de sus iniciativas estrella. Un disenso que se sumaría a sus discrepancias en torno a la ley de vivienda, la ley trans, la ley de familias o incluso la reforma de las pensiones.