Sánchez envuelve su plan anticrisis en un discurso contra los «poderes económicos»

La traslación de sus palabras a hechos prácticos puede tener pegas para sus socios pero implica cesiones evidentes y lanza un mensaje claro de continuidad de la coalición. «Este Gobierno es molesto, incómodo para determinados poderes económicos que tienen sus terminales tanto políticas como mediáticas, pero no nos van a quebrar», llegó a proclamar.

Las presiones tanto de Unidas Podemos como de algunos de sus principales aliados parlamentarios para gravar ya, antes de que acabe el año, los beneficios extraordinarios de las grandes eléctricas ha hecho finalmente mella en el ala socialista del Ejecutivo, como ya apuntaban las palabras pronunciadas por el propio presidente este viernes desde Bruselas, cuando, con el mismo tono ardoroso de ayer, advirtió de que no daría satisfacción a quienes pretenden perpetuar sus «privilegios».

No va en el plan anticrisis porque, como ya había advertido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la jurisprudencia es clara a la hora de vetar la figura del real decreto ley para una iniciativa de esa naturaleza, pero el Gobierno sí tiene intención de aprobar un nuevo tributo que, según Sánchez, debería servir para que las grandes energéticas financien algunas de las medidas puestas en marcha para amortiguar el alza de los precios y que costarán al Estado, hasta finales de 2022, 15.000 millones de euros.

El jefe del Ejeuctivo apuntó en su comparecencia a que ese impuesto entrará en vigor ya el 1 de enero 2023. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Hacienda matizan que la idea es poner el devengo en el 31 de diciembre de 2022, lo que significa que, aunque se empiece a recaudar a partir del año próximo, afectará a los beneficios del ejercicio en curso. «Este Gobierno –machacó una y otra vez Sánchez– sabe bien para quién gobierna, para la clase media y trabajadora».

El hincapié en la clase media no es baladí. Una de las discrepancias entre el PSOE y sus aliados estaba en la necesidad o no de acotar a un determinado segmento de la población las medidas. Podemos, pero también fuerzas como Más País, Bildu o ERC eran partidarias de que hubiera una discriminación por renta, por ejemplo, en el descuento de 20 céntimos por litro de carburante, que se mantendrá hasta final de año. Los socialistas dejaron claro muy pronto, sin embargo, que la matendrían para toda la población.

La misma filosofía es aplicable a la reducción del 10% al 5% del IVA de la luz, que ya había anunciado Sánchez el miércoles en el Congreso. Podemos evitó criticarlo abiertamente pero en privado la califican de un «grave error». El socio minoritario del Gobierno, sin embargo, ha ganado otras batallas.

La negociación en el seno del Gobierno no ha sido ningún camino de rosas y, una vez más, se llegó a las puertas de la reunión del Consejo de Ministros con varios asuntos abiertos tras horas de tensas reuniones. Tanto Sánchez como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tenían claro, sin embargo, que tenía que haber acuerdo y que debían lanzar un mensaje de unidad porque también es la imagen de bronca y división, dicen sobre todo los socialistas, lo que les está penalizando en las encuestas y en las urnas.

Los socialistas acabaron aceptando así, aunque con matices, la creación de un cheque para los más vulnerables. Será de 200 euros y no de 300, como pretendían los morados, y, según apuntó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en su cuenta de Twitter será accesible para familias con ingresos inferiores a 14.000 euros, no a 30.000, como era su propósito. Pero hasta el mismo viernes, el PSOE ponía en cuestión incluso que fuera a aprobarse.

Sánchez planteó este sábado la medida como una ayuda para aquellos que, estando en situación de dificultad, no puedan beneficiarse del Ingreso Mínimo Vital, incrementado ya en marzo, ni de la subida del 15% de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, pactadas con Bildu a cambio de su apoyo a la ley de planes de pensiones de empresas, una norma muy denostada, en general, por los partidos de la izquierda.

En su conjunto, según el jefe del Ejecutivo, todo ese paquete beneficiará a 4 millones de personas. Pero el presidente se empeñó en subrayar que el real decreto en su conjunto va destinado a los 45 millones de españoles.

Unidas Podemos también se apunta el tanto de una reducción en los abonos transporte que será del 50% para los medios de titularidad estatal (por ejemplo, cercanías de Renfe) y del 30% para los autonómicos o municipales. Esta medida, que no entrará en vigor de inmediato sino en septiembre, no provocó, en todo caso, tantas fricciones, precisamente, por su caracter universal.