Sánchez se enfrenta a cuatro crisis simultáneas con un Gobierno en precario

Pedro Sánchez afronta esta tormenta, que si no es perfecta se lo parece, con un Gobierno en minoría, sin socios y sin el auxilio de la oposición. Durante el estado de alarma comprobó que no podía esperar mucho de la colaboración del PP. Lo mismo va a ocurrir con los Presupuestos, resorte fundamental para atacar el desplome económico y el marasmo social. Tampoco tiene a Pablo Casado su lado para hallar una solución al conflicto en la Zarzuela.

Pero es que tampoco puede contar con su socio en el Gobierno, Pablo Iglesias lo ha dejado muy claro, para encarar la crisis monárquica. Ni con los aliados de la investidura, confesos republicanos desde el PNV hasta Esquerra. Ciudadanos, respaldo ocasional, nada entre dos aguas.

Cuando Sánchez vuelva de la decisiva cumbre comunitaria en Bruselas, en la que se juegan los fondos para reconstrucción, se va a encontrar con un tablero endemoniado en el que todo es urgente.

La Casa del Rey, entretanto, se toma su tiempo para anunciar qué medidas adopta respecto a un rey emérito que, según su entorno, está dispuesto a colaborar en la solución pero no para ser despojado de su rango ni para ser arrojado a los infiernos. La respuesta, además, no está en manos de Sánchez -«el Gobierno no otorga el título de Rey», recordó la vicepresidenta Carmen Calvo- sino en las de Felipe VI.

En el Gobierno son conscientes de que en circunstancias normales, sin coronavirus y sin angustias laborales, el impacto social de los descubrimientos en la investigación judicial de la fortuna de Juan Carlos de Borbón sería bastante mayor y las proclamas republicanas de algunas fuerzas políticas encontrarían más eco ciudadano. La Covid-19 y las negras perspectivas de otoño han amortiguado el escándalo en la calle. Mas no por ello minimizan los daños institucionales y políticos que puede llegar a causar el terremoto que sacude a la Jefatura del Estado.      

El cóctel de las cuatro crisis tiene consecuencias imprevisibles. La pandemia ha dejado ha dejado más de 28.000 muertos oficiales, cifra que engordará mucho cuando se actualicen las estadísticas con otros registros. Los infectados han superado el cuarto de millón, pero las decenas de rebrotes por toda la geografía amenazan con disparar el número de contagiados y alimentan el miedo a la segunda ola, ante la que es un albur, pese al optimismo gubernamental, la capacidad del sistema sanitario para controlarla.

Los indicadores económicos solo invitan a llorar. Las previsiones oficiales apuntan a una caída del PIB para este año de entre el 10,1% y el 12,4%, en función de la duración de la epidemia y del posible rebrote, y las previsiones de recuperación para el próximo año no pasa de un crecimiento del 6%. El déficit público bordeará el 12% y la deuda se irá al entorno del 117% del PIB. Guarismos nunca vistos y solo comparables con los de los años posteriores a la Guerra Civil.

Las familias, las empresas y los negocios de todo tipo se van a ver azotados con un desempleo de casi el 25%, según el Banco de España. El ya nutrido ejército de los pobres, en torno a los 12 millones de personas en una población de 47 millones, verá reforzada sus filas con al menos 700.000 nuevos efectivos. El «escudo social» que exhibe con orgullo el Gobierno puede quedarse en parapeto de papel. La extensión de los ERTE, la ampliación de las prestaciones para autónomos, el ingreso mínimo vital y la amplia variedad de subsidios aprobada no van a poder absorber toda la calamidad que se avecina, y así se reconoce en el propio Ejecutivo.

En este caldo de cultivo, propicio para un estallido social, la crisis de la Corona puede parecer un asunto menor. Pero no lo es porque se trata de la clave de bóveda de la arquitectura institucional y política que se edificó en la Transición. Por ahora, su evolución es una incógnita, como lo es si la respuesta que prepara la Casa del Rey será suficiente para atajar el desdoro de la Corona.

El Gobierno se ha dejado de sutilezas cortesanas y quiere medidas contundentes por parte de Felipe VI. Un planteamiento que desde la oposición se considera un ataque a la institución fruto de la presión que ejerce Unidas Podemos.