Sánchez desata otra batalla con Madrid por la armonización fiscal

La polémica no es, en realidad, nueva. Hace años que el PSOE defiende, con algunas excepciones entre sus barones, la armonización tanto de los impuestos de Patrimonio como de Sucesiones y Donaciones para acabar con lo que consideran competencia desleal por parte de comunidades como Madrid, que tiene bonificados al 100% y al 99% respectivamente estos tributos cedidos por el Estado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya provocó las iras del Gobierno madrileño cuando al principio de su mandato dejó claro que esa reforma fiscal era uno de sus objetivos.

La diferencia ahora está en que el asunto aparezca como una exigencia de los secesionistas catalanes, que ni participaron en la Conferencia de Presidentes en la que se discutió la cuestión en 2017, precisamente porque demandaban autonomía financiera y un régimen fiscal propio, ni enviaron experto alguno al comité de expertos para la reforma del sistema de financiación al que el Gobierno de Mariano Rajoy encargó un informe sobre la materia. Entonces la Generalitat se limitó a delegar en Baleares, comunidad contraria a la armonización.

Fue el papel otorgado a Esquerra Republicana el que dio pie este miércoles tanto a la propia Díaz Ayuso como a su consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, a redoblar sus críticas al Ejecutivo. «Los mismos que demandan mayor autonomía a todos los niveles, hasta el punto de exigir una república independiente que no tiene cabida en el marco legal, quieren acabar con el escaso margen fiscal que ostentan las comunidades autónomas, otorgando al Gobierno de la nación nuevas competencias que, hoy por hoy, no solo no tiene, sino que serían abiertamente inconstitucionales», recriminó el responsable de las cuentas madrileñas en un artículo en 'El Periódico'.

«Madrid no es un paraíso fiscal. Quizá otras regiones son un infierno fiscal. Y no les va a ir mejor porque a Madrid le vaya peor –argumentó también Ayuso–. Cuántos han huido de la corruptela independentista buscando respeto, libertad y seguridad jurídica. Ahora pretenden arruinarles aquí también».

El jefe del Ejecutivo ignoró las alusiones al independentismo y replicó que el fin último de la medida (que de momento no pasa de ser un proyecto) es, justamente, la «cohesión territorial» y la «igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos». «Este es el planteamiento que asume el Gobierno y que interpela a todos los dirigentes; también los del PP se lo dirán», esgrimió. «El Gobierno no sólo es coherente con una línea ideológica».

Es cierto que en este debate las posiciones de los partidos no son monolíticas y que los Gobiernos populares de Galicia o Castilla y León se han mostrado en varias ocasiones favorables a tomar alguna medida para poner coto al 'dumping fiscal' entre autonomías. Y también lo es que la complejidad del asunto ha llevado hasta ahora a los distintos Gobiernos a ir dando patadas hacia adelante al problema.

Ni siquiera está claro que en esta ocasión la coalición de PSOE y Unidas Podemos, ahora de la mano de Esquerra, llegue a rematar su propósito. En el Ministerio de Hacienda matizan, de hecho, que el asunto se llevará al margen de los Presupuestos (es decir, que no va a resolverse en el corto plazo) y que aún se está cerrando el 'modus operandi'. Sin embargo, hasta ahora Montero siempre había vinculado su realización a una reforma del conjunto del sistema de financiación autonómica, pendiente desde 2014.

Sea como fuere, el acuerdo presupuestario dio pie a unos y otros para polarizar el debate político en su beneficio. El vicepresidente de la Generalitat y candidato republicano para las elecciones del 14 de febrero, Pere Aragonès, se vanaglorió así de acabar con «la posición de ventaja que ofrece la localización de la capital a Madrid». «Se acabaron los privilegios», llegó a afirmar. Al ser cuestionado por la fiscalidad vasca y navarra, no obstante, replicó: «La cuestión no es el régimen foral sino la capitalidad de Madrid que la sitúa en ventaja».