Sánchez declarará hoy el estado de alarma para contener la expansión del coronavirus

El alcance de las medidas que contendrá el excepcional decreto y su ámbito de aplicación es aún una incógnita. Podría afectar a todo el territorio nacional o exclusivamente a las comunidades autonómas que, hasta ahora, se han considerado de «zonas de transmisión comunitaria significativa», como la Comunidad de Madrid, que ya ayer anunció el cierre para hoy de casi todos los establecimientos comerciales menos farmacias, quioscos, estancos, gasolineras, super y también comercios minoristas de alimentación. El jefe del Ejecutivo evitó dar demasiados detalles y se limitó a avanzar que las decisiones «estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de los ciudadanos».

Entre esos recursos, Sánchez citó expresamente los económicos y sanitarios, tanto públicos como privados y «tanto civiles como también militares». La declaración del estado de alarma - prevista en el artículo 116 de la Constitución y regulada por ley orgánica para hacer frente, entre otras cosas, a «crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves»- permite precisamente poner a las órdenes directas del presidente del Gobierno (o de uno autonómico si este delegara en él) a todas las autoridades civiles de la administración pública, a los integrantes de los cuerpos de policía autonómicas y municipales, y a los funcionarios y trabajadores, pero también «practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias», «intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, excepto domicilios privados», «limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad» e «impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción».

El margen que ofrece la norma es, por tanto, amplio. Pero fundamentalmente ofrece cobertura legal para obligar a los ciudadanos a atender lo que hasta ahora habían sido meras recomendaciones destinadas a que se salga lo menos posible de casa.

Algunos partidos y algunos presidentes autonómicos se lo habían solicitado ya al jefe del Ejecutivo a lo largo de esta semana. El primero en hacerlo fue Vox -que tras anunciar el contagio de su secretario general, Javier Ortega Smith, cargó contra el Gobierno por haber permitido tanto la celebración de su Congreso como las marchas del 8 de marzo- pero también Ciudadanos lo hizo el jueves. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, apostó anteayer por la ley de seguridad nacional, que ofrece posibilidades relativamente similares. Sin embargo, el presidente popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, llegó a reclamar ayer mismo por carta que no se esperara más.

Sánchez defendía hasta el jueves una actuación gradual y proporcional para evitar daños colaterales en el tejido productivo y el mercado laboral y siempre se ha ampardo en las «recomendaciones de los expertos» para justificar el no haber adoptado con mayor premura medidas muy contundentes de aislamiento como las decretadas hace meses en China, origen conocido de la pandemia, o las aplicadas hace unos días en la vecina Italia, que ya ha superado los 15.000 contagios y los 1.000 muertos. Ayer, el presidente del Gobierno eludió cualquier signo de relajación.

«Estamos solo en la primera fase de un combate contra el virus que libran todos los países del mundo y en particular nuestro continent; nos esperan semanas duras -advirtió- y no cabe descartar que en la próxima semana alcancemos desgraciadamente los más de 10. 000 afectados».

Bajo esa premisa, volvió a hacer una llamada a la colaboración ciudadana. «La declaración del estado de alarma permite movilizar al máximo los recursos materiales para combatir el virus, pero hay un recurso undamental que está más allá de cualquier ley o decreto y me gustaría a pelar a los compatriotas -dijo en un lenguaje propio de una situación de emergencia nacional-: la victoria depende de cada ciudadano. El heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa y en protegerse uno mismo para proteger al conjunto».

En su alocución hubo una apelación especial a los mayores y las personas con enfermedades crónicas, los más vulnerables al COVID-19. También a los jóvenes para los que, en principio, el riesgo es mucho menor. «Es cierto que por su vitalidad pueden sentirse al abrigo de los efectos más severos del virus, pero pueden actuar como transmisores. Su colaboración es decisiva -remarcó una vez más - para cortar los contagios y por eso deben limitar los contactos y mantener la distancia social».

El decreto que declarará el estado de alarma, y del que ayer ya fueron informados la presidenta del Gobierno, los grupos políticos y los presidentes autonómicos, tendrá en principio una vigencia de quince días, el máximo permitido por la ley, que después, no obstante, podrá ser porrogado por el Congreso de los Diputados, en caso de considerarse necesario.