El Gobierno y la Generalitat pactan reunir la mesa una vez al mes en una cita sin acuerdos de fondo

Las partes habían rebajado ya el martes cualquier expectativa de un resultado más ambicioso. La vicepresidenta Carmen Calvo dejó claro tras el Consejo de Ministros, de hecho, que de lo que se trataba era simplemente de poner la primera piedra de algo que puede tardar mucho tiempo en arrojar frutos y a lo sumo, de pactar una suerte de metodología de cómo continuaría la negociación. Y así fue. A partir de ahora la mesa se reunirá una vez al mes alternando entre Madrid y Barcelona, pero ya sin los presidentes ni los vicepresidentes (fuentes de la Moncloa avisan de que está por decidir si eso incluye o no a Pablo iglesias). Estos solo estarán en los encuentros de evaluación semestral que puedan producirse o cuando, eventualmente, haya que cerrar acuerdos, algo que, según insistió este miércoles Montero, no se vislumbra próximo.

Desde que en enero el presidente de la Generalitat anunció su intención de convocar elecciones en el corto plazo, molesto por la decisión de Esquerra de acatar el fallo del Supremo que le privó de su escaño, el Ejecutivo tuvo claro que las reuniones de este foro pactado con ERC carecerían de contenido real. No en vano, en un primer momento anunció que lo dejaría en suspenso hasta que se hubiera constituido un nuevo Gobierno en Cataluña. Solo la presión de los republicanos, temerosos de que JxCat aprovechara para presentarlos ante su electorado como unos ingenuos a los que el «Estado» había engañado, le hizo cambiar de opinión.

El objetivo de Sánchez, en todo caso, sigue siendo el mismo que el primer día: garantizarse el sostén parlamentario de la formación que lidera Oriol Junqueras y a eso obedecen todos sus gestos hacia el secesionismo, desde la propia constitución de una mesa sin soporte jurídico alguno, hasta la promesa de una reforma del Código Penal para suavizar las penas de los condenados por sedición o la designación de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado en la esperanza de domeñar la institución.

Su estrategia se pone a prueba hoy mismo, por primera vez desde la investidura, con la votación en el Congreso de la senda del déficit que acompaña al techo de gasto de los Presupuestos Generales. Los socialistas confían en lograr, al menos, la abstención de los republicanos y así lo dijo la portavoz gubernamental y ministra de Hacienda tras tres horas de reunión. Pero en privado admiten que Esquera no les ha ofrecido ninguna garantía sobre su voto.

El asunto, en realidad, no se abordó en la mesa. Sin embargo, Montero sí aprovechó la ocasión para advertir -como hizo el propio Sánchez durante la sesión de control al Gobierno, a preguntas de la neoconvergente Laura Borràs- que determinadas cuestiones que afectan al día a día de los catalanes no podrán hacerse realidad si no se aprueban las cuentas públicas, en las que se contemplará un porcentaje de inversión para Cataluña equivalente al peso de su PIB sobre la riqueza nacional.

La Generalitat ha dejado claro que ese tipo de cuestiones quiere dejarlas para otro ámbito, la comisión bilateral Generalitat-Estado contemplada en el Estatut y que, según anunció Montero, se reunirá la semana próxima.