El Gobierno constató esta semana que no le faltan novios para poder aprobar la ley más importante de la legislatura, los Presupuestos Generales del Estado. A ese hito hay que sumar otro previo: el pasado 29 de octubre, logró el aval del Congreso para prorrogar ... por seis meses, con 194 votos a favor (es decir, 18 por encima de la mayoría absoluta), el estado de alarma que permitió a las comunidades autónomas decretar un confinamiento domiciliario solo en horario nocturno. Y, sin embargo, Pedro Sánchez no quiere volver a tentar la suerte.
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El Ejecutivo lleva más de una semana resistiéndose a las presiones de varias comunidades autónomas que, agobiadas ante el dramático aumento de contagios de coronavirus, reclaman volver a un encierro similar al vivido entre marzo y mayo de este año. La primera, el Principado de Asturias, gobernada por el socialista Adrián Barbón.
La decisión obligaría a redactar un nuevo real decreto que, una vez más, tendría que ser debatido en el Congreso. El presidente del Gobierno ya ha dejado claro que no quiere volver a someterse al desgaste de pedir cada quince días a la Cámara baja que prorrogue la restricción de derechos básicos para la ciudadanía. Ni siquiera asistió al debate de la última prórroga, que delegó en el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Eso explica, en parte, su renuencia a dar el paso que se le reclama.
Exprimir opciones
La ministra Portavoz, María Jesús Montero, pidió el martes a las autonomías que expriman al máximo las posibilidades que les ofrece el real decreto vigente. E Illa demandó un margen de «dos o tres semanas» para evaluar si con las medidas tomadas basta para «doblegar» la curva de infecciones. Lo último ha sido el cierre de la hostelería en seis comunidades.
En el entorno del presidente sostienen que es «absurdo» pedir el confinamiento domiciliario sin haber aplicado medidas «menos invasivas». Y fuentes socialistas aseguran que las reticencias de Sánchez responden únicamente a criterios de pura lógica. «No podemos ampliar el estado de alarma prácticamente el primer día que se aplica; habrá que ver cómo funciona», insisten.
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En la Moncloa no ocultan, no obstante, cierto temor a la actitud de los grupos parlamentarios que, pese a su apoyo, no escatimaron críticas al Gobierno en el último debate. Algunos, incluso advirtieron de que se estaba yendo por detrás de los acontecimientos y de que el real decreto sometido a votación nacía ya caduco y en pocos días habría que aprobar otro. «Imagino que saldría adelante, pero...», resume un colaborador presidencial.
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