Sánchez avisa de que «lo más duro de la crisis está aún por llegar» y socializa errores

Sánchez desgranó, sí, tanto las medidas aprobadas al amparo de la excepcional figura constitucional como las acordadas en los últimos Consejos de Ministros –en apenas una semana se han celebrado cuatro– para tratar de hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia provocada por el COVID-19. Sin embargo, también aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje con indudable carga ideológica: «Esta, señorías, puede ser la primera lección de esta emergencia: protejamos nuestro sistema público de salud y reforcemos nuestro Estado de Bienestar».

«No podemos seguir rehuyendo o tergiversando la vinculación entre el Estado del Bienestar y su financiación; no podemos seguir ignorando que una buena sanidad requiere un uso racional y muy eficiente de los recursos pero también requiere una financiación que solamente puede proveer un sistema fiscal justo y también eficiente», añadió en una sutil pero evidente crítica al discurso habitual de la derecha y el centro derecha liberal.

Con esa premisa de fondo, y apelando a la excepcionalidad del momento («una guerra para defender lo que ya dábamos por cierto»), volvió a defender casi como inexcusable el apoyo de todos los grupos no ya a los Presupuestos de 2020, que se dan por perdidos, sino a los de 2021. Y reiteró lo que ya había planteado la jornada anterior, que las cuentas que se elaboren una vez se haya logrado doblegar al coronavirus tendrán que ir encaminadas a la «reconstrucción» del país.

El jefe del Ejecutivo trazó incluso un paralelismo entre el momento actual y el que vivió Alemania tras la II Guerra Mundial, cuando en un «tiempo récord» se convirtió en una poderosa economía con uno de los Estados de bienestar «más fuertes del mundo», para reivindicar las recetas socialdemócratas como las más adecuadas, por no decir las únicas posibles, ante la coyuntura que se avecina. «La necesidad de dotar de recursos a nuestros servicios públicos es una evidencia tan absoluta que creo que queda fuera del debate político», repitió.

El tono que encontró al otro lado del hemiciclo fue globalmente positivo, pero la mayoría de los intervinientes evitaron comprometerse con un proyecto que, como pronto –si se cumplen los plazos establecidos en la Constitución pero ignorados sistemáticamente desde 2017– llegarán a la Cámara baja el 30 de septiembre.

Lo que sí hubo, incluso por parte de Vox, pese a un durísimo discurso en el que reclamó la dimisión de Carmen Calvo y Pablo Iglesias, fue apoyo para parar ahora el golpe y tomar medidas urgentes. Pero en su réplica, el líder del PP, Pablo Casado, advirtió: «No es momento para confrontar lo público con lo privado» .

Los reproches más duros sobre la gestión realizada hasta la fecha, sin embargo, vinieron paradójicamente del portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, el aliado que permitió la investidura del secretario general del PSOE. Al igual que el representante de la formación del extremo derecha, Iván Espinosa de los Monteros, el dirigente independentista acusó al Gobierno de falta de previsión y de ir por detrás de los acontecimientos.

«Primero nos dijeron que era literalmente imposible que llegaran casos de fuera y, cuando llegaron ,que todo se podía parar con métodos terriblemente débiles. ¿Resultado? 500 muertos, la mayoría ancianos. Antes del confinamiento eran 200», recriminó. «La demora y la incompetencia frente a lo que tenemos enfrente -añadió- no comporta pérdida de votos sino pérdida de vidas».

Sánchez ya se había anticipado a estas críticas admitiendo errores, pero no por su parte sino por la de los expertos, la Organización Mundial de la Salud y cualquier otro país afectado. «El ser humano –replicó– sucumbe con frecuencia a lo que se conoce como sesgo de retrospectiva. Con lo que sabemos hoy, el mundo no habría actuado de la misma manera, Francia no habría mantenido la primera vuelta de las elecciones locales para suspenderlas un día después», Sobre la celebración del 8-M en España, sin embargo, guardó silencio.

Los grupos de la izquierda aplaudieron la inyección económica de su último plan de choque, pero dejaron claro que exigirán más gasto público.