Sánchez comienza a marcar límites a Iglesias

No son tanto las discrepancias sobre asuntos como la Monarquía, la política territorial o la política exterior lo que genera los principales problemas. Los socialistas entienden que, al fin y al cabo, en esas cuestiones cada cual habla para su parroquia y, a pesar de que en abstracto su electorado pueda sentirse republicano o defender causas como la saharaui, creen que cualquier partido que pretenda ser de Gobierno debe mostrarse ante los ciudadanos como garante de la institucionalidad. Además, Podemos tiene asumido que, en temas de esa naturaleza, la voz del Gobierno la fija el secretario general del PSOE. Aunque, por si acaso, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, se lo recordó el lunes: «El presidente no es un 'primus inter pares'».

El verdadero terreno de juego está en las banderas compartidas: la extensión de derechos y la agenda social. En el PSOE se quejan de que sus socios magnifican las diferencias entre ministerios para presentarse como los auténticos artífices de determinados avances y justificar así su presencia en el Gobierno. Y lo cierto es que, hasta ahora, a Iglesias la estrategia no le ha ido mal en términos de imagen, aunque en Moncloa creen que sus triunfos comunicativos no se traducen en intención de voto (dan credibilidad al último sondeo de GAD-3, que estima una caída de 15 escaños, desde 35 a 20, para Unidas Podemos). En los últimos días, ahora que ya están aprobados los Presupuestos, no obstante, Sánchez no ha tenido ya remilgos para marcar algunos límites.

De las cuatro o cinco batallas que permanecían abiertas, el partido confederal de izquierdas ha salido derrotado en dos. La semana empezó con una discusión sobre si el decreto de paralización de los desahucios debía incluir o no una compensación económica para los grandes tenedores que reclamaran por perjuicios al Estado y, finalmente, lo tendrá, en contra del criterio de Unidas Podemos. Pero aún más entidad tiene el hecho de que finalmente la vicepresidenta Carmen Calvo cerrara el viernes la puerta a un incremento del Salario Mínimo Interprofesional para 2021 con un «ahora no toca».

El jefe del Ejecutivo ya había dejado entrever su posición el miércoles durante la sesión de control al Gobierno. Y no solo con sus palabras. Entró en el hemiciclo acompañado de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, defendió su compromiso con sus valores progresistas frente al portavoz de EH-Bildu, Oskar Matute, que la había acusado de actuar como sucursal de la CEOE, y advirtió de que el SMI ya había subido un 29% en los dos últimos años. Aun así, en Moncloa seguían diciendo que se daría un margen a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para lograr su objetivo de aumentar al menos un 0,9% a través del diálogo social.

En el horizonte quedan aún varias fuentes de conflicto. Algunas son de largo recorrido, como la de la derogación de reforma laboral, a la que se opone Calviño, o la reforma de las pensiones planteada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Otras son más concretas e inmediatas, como la de la prohibición de los cortes de los suministros a las personas vulnerables, que fue precisamente la que propició el comentario de María Jesús Montero.

Podemos no tiene la más mínima intención de bajar el pistón y empezar a lavar en privado los trapos sucios del Gobierno. Lo han dicho ya todos sus representantes por activa y por pasiva. El mismo miércoles, desde la tribuna del Congreso, Pablo Echenique conminó a Sánchez, por ejemplo, a ser «valiente» cuando el propio presidente del Gobierno había advertido de que la crisis económica provocada por el coronavirus exige «prudencia». Pero más allá de la incomodidad o el enfado que provocan su 'modus operandi', el hecho de que Iglesias se empeñe en decir que ha incorporado a EH-Bildu o ERC a la «dirección de Estado» («nada tiene que ver con la realidad», reprochó Calvo) o sus diatribas contra la Corona o la judicatura, el riesgo de ruptura es nulo.

Las discusiones públicas no han sido óbice, de hecho, para que el Gobierno cerrara una semana de éxitos parlamentarios, con el broche simbólico de la aprobación de la ley de la eutanasia este jueves con una mayoría abrumadora de 198 diputados.