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Paula De las Heras y xabier garmendia
Madrid
Lunes, 28 de marzo 2022, 12:01
No fue sencillo. Los socios de la coalición, PSOE y Unidas Podemos, no lograron cerrar hasta este mismo lunes por la mañana, según fuentes gubernamentales, las medidas del plan anticrisis que este martes aprobará el Consejo de Ministros. Pero esta vez han conseguido salvar sus ... diferencias a tiempo. Todos los grupos parlamentarios habían criticado a Pedro Sánchez en las últimas semanas que se mantuviera firme a su propia hoja de ruta y, pese a la creciente presión social, se resistiera a adelantar decisiones para amortiguar el impacto de la crisis inflacionista antes del Consejo Europeo del pasado viernes. Superada con éxito la cumbre, el presidente del Gobierno no quería esperar más. Y eso obligó este fin de semana a una negociación interna a uña de caballo.
El real decreto ley en el que se plasmará lo que el Ejecutivo denomina como 'plan nacional contra las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania' contiene, finalmente, buena parte de la medidas por la que la fuerza minoritaria del Ejecutivo venía batallando, aunque sea con ligeros matices. No hay, en cambio -más allá de la extensión hasta el 30 de junio de las reducciones en los impuestos a la electricidad, aprobadas ya el verano pasado- rebajas fiscales como las que demandaban el principal partido de la oposición y formaciones como Ciudadanos, Vox o incluso el PDeCAT. Ni en el IVA de los carburantes ni en el IRPF.
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Lucía Palacios Edurne Martínez
La medida estrella, a la espera de que, en tres o cuatro semanas, pueda materializarse eso por lo que Sánchez tanto batalló en Bruselas - la fijación de un precio máximo para el gas utilizado por las centrales de ciclo combinado en la producción de electricidad - será una bonificación de 20 céntimos por litro de carburante para todos ciudadanos. «El alza de los precios estaba poniendo en peligro la economía doméstica que es lo que el Gobierno quería solventar, no sólo para los más vulnerables -apuntó este lunes en La Sexta la ministra de Hacienda, María Jesús Montero-, también para las clases medias».
El Gobierno entiende que sólo esa medida, dentro de un plan que movilizará en total 16.000 millones de euros (entre ayudas directas, prórroga de rebajas fiscales y, sobre todo, créditos ICO) ya puede allanarle el camino para un acuerdo transversal que este lunes volvió a reclamar el presidente, en un discurso cargado de épica contra Vladimir Putin. «Les pido que podamos compartir, esta vez sí -dijo en alusión a las diferencias durante la pandemia-, el sentido del mejor patriotismo, que es comprometer a nuestro país en una causa justa y salir adelante con orgullo».
La oposición rechaza que se haga responsable en exclusiva al autócrata ruso de una inflación que empezó a hacer mella meses antes del inicio de la guerra, pero la dirección interina del PP no dio un portazo a la convalidación del real decreto ley pese a las ácidas críticas de figuras como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso . También aliados parlamentarios como Bildu tildaron la propuesta del Gobierno de «insuficiente». Más País, mostró cautela hasta conocer «la letra pequeña». Sin embargo, las concesiones a Unidas Podemos hacen difícil que, a la postre, la rechacen. «Va a salir bien», afirman en la Moncloa.
Aunque reconocen no haber colmado todas sus expectativas, la satisfacción en Podemos es indisimulada. Se adjudican la «victoria» que tanto perseguían después de semanas inmersos en bretes como el envío de armas a Ucrania y el giro en el Sáhara Occidental, asuntos que planteaban fuertes dilemas sobre su permanencia en el Ejecutivo. «Estar en el Gobierno de coalición -se vanagloriaban este lunes- sirve para esto».
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Durante los últimos días, el socio minoritario del Ejecutivo había fiado su futuro a un buen acuerdo que recogiera varios de sus planteamientos. No ha conseguido incluir su principal propuesta, un cheque energético de 300 euros, pero sí ha dejado su 'copyright' en algunas medidas clave: extender el bono eléctrico, subir un 15% la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (pedía un 18%), la limitación de la subida de alquileres al 2% (quería la congelación) y una fórmula para evitar los despidos.
Lo que parece misión imposible es que el acuerdo final incluya los cambios de calado que Podemos plantea en materia fiscal. Aunque, como otros socios de la investidura, siguen insistiendo en gravar más a las eléctricas, con un recargo de diez puntos en el Impuesto de Sociedades para llegar a un tipo del 35%, en el sector socialista del Ejecutivo alejan esa posibilidad. Montero, defendió este lunes que limitar el precio del gas y cambiar la forma en la que se retribuyen las energías renovables ya disminuirá los beneficios que se sin «ningún tipo de sentido» venían recibiendo esas compañías.
En cualquier caso, los morados se congratulan de que el paquete de medidas se aleje de las propuestas del PP, sobre todo al aparcar una bajada generalizada de impuestos. Belarra llamó, de hecho, a consolidar la «mayoría plurinacional y progresista» que sostiene al Gobierno y reivindicó a su partido como garante de la «estabilidad».
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