Sánchez llama a Casado mientras acelera para limitar las funciones del CGPJ

El PSOE no ha retirado la polémica iniciativa para evitar perder fuerza en la negociación y el propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, advirtió este martes al PP de que está «agotando los plazos de cortesía y gracia», después de que hayan pasado dos años desde que concluyera el mandato del actual CGPJ. Sin embargo, tanto fuentes de Ferraz como del Gobierno confiesan que su puesta en marcha es poco probable. «Muchos juristas dicen que es contrario a la Constitución», reconocía hace unos días un ministro cercano al jefe del Ejecutivo.

De momento, los socialistas se conforman con apretar al PP con la iniciativa que este martes empezó a tramitarse en el Congreso casi al tiempo que Sánchez llamó a Casado, una proposición de ley que busca impedir que el CGPJ pueda hacer nombramientos relevantes -como el del presidente del Tribunal Supremo o de cualquiera de sus salas, de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional- y que no entrará en vigor antes de marzo. Pero fuentes de la dirección del grupo admiten que costó convencer a Unidas Podemos de que aceptaran dar ahora ese único paso.

Los populares no parecen dispuestos a moverse de sus posiciones, al menos, hasta después de las elecciones del 14 de febrero en Cataluña. En un comunicado este martes, tras la conversación de 45 minutos entre Sánchez y Casado de la que apenas trascendió algo más que el desacuerdo y su tono «cordial», el PP insistió en que el asunto tiene que resolverse sin Podemos. Y aprovechó para recriminar «los ataques a la Corona» del socio gubernamental y el «blanqueamiento» de EH-Bildu.

     

     

En el PSOE acusan al primer partido de la oposición de secuestrar el CGPJ, que en este momento tiene mayoría conservadora, y de tener un concepto patrimonialista de las instituciones, pero miembros del Gobierno también reconocen su malestar con la formación de Pablo Iglesias, a la que acusan de «enredar» y hacer «más dificil» la renovación. El líder de Podemos no sólo insiste en que su formación debe tener su alícuota parte en el reparto de vocales sino que hace apenas diez días argumentó que igualmente debían estar representados en el órgano de gobierno de los jueces ERC y Bildu. Con ello, según fuentes socialistas, alimenta el «juego» del PP. «Nosotros lo que procuramos es proponer a gente del ámbito progresista; ellos al final están demostrando ser más de partido que nadie», argumentan.

Los ataques a la judicatura también molestan al ala socialista del Gobierno. Este martes, el presidente del grupo parlamentario de Podemos, Jaume Asens, evitó repetir en el debate para la reforma del CGPJ que la decisión del Tribunal Supremo de volver a juzgar a Arnaldo Otegi es un ataque al Ejecutivo por el pacto presupuestario con EH-Bildu y ERC. Pero los portavoces de estas dos fuerzas sí asociaron tanto ese hecho como la revocación del tercer grado penitenciario a los presos del 'procés' con un deseo de interferir en la vida política. Y el propio Asens habló de un «ruido de fondo que proviene de las cloacas mediátias, policiales y judiciales».

El ministro Campo no ocultó su rechazo a este tipo de cuestionamientos y, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, advirtió de que en España «cuando actúan los tribunales lo hacen exclusivamente sometidos al imperio de la ley y no con idea de criminalizar a nadie».