Sánchez avisa de que el Gobierno en funciones puede aplicar el 155 aun con el Senado disuelto

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont puso rápidamente en cuestión que el planteamiento del Ejecutivo en funciones sea constitucional, en una entrevista en Catalunya Radio. Sobre la mesa no hay ninguna sentencia al respecto ni, según admiten en la Moncloa, informes por escrito de la Abogacía del Estado o de los servicios jurídicos del Senado. Pero en 2015, convocadas las generales del 20 de diciembre, el Ejecutivo del PP también analizó el asunto y llegó a la misma conclusión que Sánchez.

El planteamiento de algunos constitucionalistas es que, del mismo modo que la Diputación Permanente del Congreso puede asumir las competencias de esa Cámara cuando, estando disuelta, sea necesario proclamar el estado de alarma, de excepción o de sitio, la del Senado tiene que poder hacer lo propio con las medidas necesarias para obligar a una comunidad autónoma al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. De otra manera, aducen, se dejaría inerme al Estado.

El aviso realizado por Sánchez en la Ser, en todo caso, pretendía servir como aldabonazo. El líder del PSOE aseguró que su deseo es no tener que llegar a echar mano de el excepcional precepto y anticipó que, si no le queda más remedio, buscará la «unidad de los partidos políticos» y la «proporcionalidad». Pero, aunque subrayó que aún no ha tomado «ningún tipo de decisión», también insistió en su llamada a Torra para que «no juegue con fuego».

En el Gobierno preocupa la actitud adoptada por el jefe del Ejecutivo catalán frente a las detenciones de miembros del Equipo de Respuesta Táctica de los CDR por delitos relacionados con terrorismo y tenencia de explosivos. Sánchez aseguró que él confía en la actuación de los Mossos d'Esquadra y que la coordinación técnica con el ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno es de momento «extraordinariamente positiva». Pero la dimisión del director de la policía autonómica, Andreu Martínez, justo en vísperas de la sentencia del 'procés', por falta de confianza de Torra, tampoco es interpretado como un buen augurio. Como no lo fueron las resoluciones aprobadas la semana pasada por el Parlament.

El Ejecutivo aún espera que se publiquen en el Boletín Oficial del Parlament los textos en los que Junts per Catalunya, ERC y la CUP se comprometieron a dar una respuesta institucional a la sentencia para conseguir la amnistía de los dirigentes que puedan resultar condenados y se conmina a la retirada de la Guardia Civil de Cataluña. Una vez revisados, su intención es recursos ante el Tribunal Constitucional.

Las dos vías posibles son la impugnación directa de las resoluciones o la formulación de un incidente de ejecución de sentencia. Pero Sánchez dio a entender este martes que se inclinará por esta última, que, además de la suspensión automática de las resoluciones, puede conllevar un requerimiento del tribunal a la Mesa de la Cámara autonómica. La sentencia que, en principio, se consideraría vulnerada es la que en 2015 anuló la proclamación que dio inicio al proceso independentista.

En plena precampaña, el líder del PSOE no dejó pasar la oportunidad de especular con lo complejo que habría sido gestionar estas cuestiones en un Gobierno compartido con Podemos. «En todo caso –adujo– quiero pasar página y no entrar en reproches».