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El mensaje había llegado nítido desde algunos territorios socialistas que deben someterse al veredicto de las urnas en poco más de diez meses, especialmente, desde Aragón y Castilla-La Mancha. Pedro Sánchez tenía ante sí dos caminos para tratar de remontar el vuelo tras la ... dolorosa derrota de su partido, y de toda la izquierda, en las elecciones del 19 de junio en Andalucía: hacer caso a esos barones que le instaban a romper amarras con Unidas Podemos o unir aún más su destino al bloque de la investidura, del que también forman parte Esquerra y EH Bildu. Con el matiz de su apuesta por aumentar el gasto en Defensa pese al rechazo frontal de sus socios de oposición, ha optado por lo segundo. Y el espejo de Mario Draghi en Italia hace que en Moncloa se sientan reafirmados.
El primer ministro italiano vio esta semana cómo uno de sus principales socios de coalición, el Movimiento 5 Estrellas, negaba el apoyo en el Senado a una votación para sacar por la vía rápida un decreto de su Gobierno con ayudas contra la inflación. Aunque contó con los apoyos necesarios para convalidarlo, Draghi entendió que debía presentar la dimisión. Ya había advertido de que no pensaba seguir en el poder sin el respaldo explícito de todas las fuerzas del Ejecutivo. De momento, sigue al frente del Gobierno. El presidente del país, Sergio Mattarella no aceptó su renuncia y le instó a someterse a una moción de confianza, pero la crisis política ha añadido inestabilidad a una situación ya altamente inflamable.
Sánchez cuenta con la ventaja de que, como ha quedado demostrado esta semana tanto en el debate sobre el estado de la nación como en su reunión con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ninguno de sus aliados encuentra beneficio alguno a provocar una ruptura en estos momentos. Pero en todo caso, sí necesitaban gestos que permitieran justificar su respaldo ante las bases y los votantes.
Unidas Podemos lo venía reclamando de forma insistente y el presidente del Gobierno ya dio una primera pista de que había tomado nota al incluir en su segundo real decreto anticrisis medidas de las que ellos habían hecho bandera como la ayuda de 200 euros a las familias vulnerables, la reducción del precio de los abonos de transporte público o la subida en un 15% de las pensiones no contributivas (pactadas previamente con Bildu). Pero, sobre todo, al prometer un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas, al que sumó este martes un gravamen para la banca, y envolver además la decisión en un discurso contra supuestos «poderes económicos» que buscan «quebrar» a un Gobierno que les resulta «molesto».
Ni el Ejecutivo ni los partidos que lo respaldan se llaman a engaño sobre los efectos a largo plazo de su efectista y muy medido giro a la izquierda. Sánchez defendió que su plan –convalidado este jueves por una amplísima mayoría, la vuelta al redil de ERC, que votó en contra del primer plan anticrisis en represalia por los casos de espionaje a independentistas desvelados por 'The New Yorker', e incluso la abstención del PP y Cs– servirá para contener en 3,5 puntos la inflación. Pero si en algo coincidieron oposición y aliados del Gobierno durante el debate del real decreto ley en el Congreso fue en que la mayor parte de las medidas aprobadas son meros «parches» que no atacan la raíz del problema y que incluso (y en esto el PNV coincide con formaciones como Ciudadanos) puede agravarlo porque alimentan el gasto y con ello la espiral inflacionista.
En el PSOE reconocen que no es descartable que la continua subida de los precios engulla las nuevas medidas, como ya ha ocurrido, por ejemplo, con la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante aprobada el 29 de marzo. El propio presidente del Gobierno admitió que hay que coger con pinzas las previsiones de organismos que estiman que este año acabará con una inflación del 6,5% y abrió a la puerta a que sea aún más elevada. No obstante, más allá de defender un pacto de rentas del que recelan sus apoyos en la izquierda por entender que se traducirá solo en contención de salarios, no hay sobre la mesa ninguna otra iniciativa impopular para detener el bucle, dentro del escaso margen que tienen los países en una materia que compete en exclusiva al BCE. El Ejecutivo sigue asegurando que actualizará las pensiones conforme al IPC.
Lo que se pidió desde La Moncloa a los departamentos ministeriales para el debate sobre el estado de la nación fueron medidas «vistosas, que se entendieran fácilmente y se pudieran implementar con rapidez». Ahí entran algunas como la bonificación del 100% de los abonos multiviajes de cercanías y trenes de media distancia o el complemento de 100 euros para becados mayores de 16 años. Los partidos de la izquierda insisten en una reforma fiscal profunda que el Gobierno ya ha descartado y, de hecho, los socialistas votaron este jueves en contra de dos propuestas de Unidas Podemos para subir el IRPF a las personas con ingresos anuales superiores a 120.000 euros y poner un recargo adicional de 10 puntos porcentuales en el Impuesto de Sociedades.
Pero, en todo caso, el movimiento de Sánchez ha servido, en lo inmediato, a su objetivo: reagrupar al bloque de la investidura y revertir la sensación de que el Gobierno de coalición estaba agotado. «Tenemos el margen que tenemos, pero ganamos tiempo», admiten desde el PSOE. «Esto es lo que se puede hacer, intentar aguantar y confiar en que vengan tiempos mejores». En el Ejecutivo asumen que el otoño será duro, pero han llegado a la conclusión de que es mejor pasarlo a cobijo con sus socios.
El debate sobre el estado de la nación suponía un hito importante en la estrategia del Ejecutivo para intentar cambiar la conversación pública en torno a su debilidad e insuflar ánimo en el PSOE. Otro fue la cumbre de la OTAN. Pero en las filas socialistas siempre han dado por hecho que Pedro Sánchez guarda una tercera carta y que habrá cambios en la organización para tratar de afrontar en mejores condiciones las citas electorales de 2023.
El presidente del Gobierno no ha dado ninguna pista de sus intenciones, pero la razón por la que muchos creen que está dispuesto a tocar puestos clave en la ejecutiva socialista, apenas nueve meses después del 40º Congreso, es la falta de sintonía entre la vicesecretaria general, Adriana Lastra, y el secretario de Organización, Santos Cerdán. Consideran que la situación no es sostenible y afecta a una maquinaria que ahora debería estar bien engrasada.
En otros tiempos, el secretario general no habría tenido más remedio que apechugar y mantener los equipos votados en los procesos internos, pero los cambios realizados en los estatutos tras la victoria frente a Susana Díaz le otorgan mucho más margen de maniobra. Incluso podría meter en la ejecutiva a personas externas. Después, un comité federal tendría que ratificarlo.
Ese grado de discrecionalidad y la queja de que las muchas medidas sociales aprobadas por el Ejecutivo no calan en los votantes de izquierda han situado en el punto de mira a los portavoces y alentado los rumores sobre la posibilidad de que Sánchez recurra a algún colaborador próximo, como el subdirector de su gabinete en la Moncloa, Antonio Hernando. Otros consideran un despropósito que quien pasó de ser su lugarteniente en el 'no es no' a defender la abstención en el pleno de investidura de Mariano Rajoy sea una opción real.
En todo caso ,persiste la sensación de que, bien en lo que queda de julio, bien a la vuelta del verano puede haber una sacudida interna.
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