Sánchez asume que el plan anticrisis tendrá que estar en vigor todo este año

Tras el 19-J Sánchez ha interiorizado, según sostienen algunos de sus interlocutores, que tiene que profundizar en una respuesta que ayude a los ciudadanos a encarar el impacto de un alza de los precios sin precedentes en tres décadas, so pena de que esta acabe sepultando toda la acción del Gobierno. A eso se debió la decisión de prorrogar deprisa y corriendo el real decreto ley aprobado en marzo para hacer frente a las «consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania» y hacerlo más extenso tanto para la ciudadanía en general como para sectores como el agrícola, el pesquero, el de los transportes o el de la industria. «Será el más ambicioso de Europa», dijo el miércoles el ministro de la Presidencia Félix Bolaños.

La tarea, acordada el mismo lunes con la resaca de la noche electoral entre el presidente y la vicepresidenta segunda y referente de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, no está exenta, sin embargo, de las habituales dificultades en la coalición. PSOE y Unidas Podemos confían en ser capaces de llegar al Consejo de Ministros con un acuerdo cerrado, pero no descartan que sea por los pelos y en el último minuto. Lejos de disiparse, persisten las tensiones con las que comenzaron las negociaciones . «A esta hora -admitían a mediodía de este viernes desde el partido minoritario del Ejecutivo- no hay decreto que aprobar».

Las principales fricciones siguen estando, por un lado, en cómo articular un recargo a las grandes eléctricas con que el que financiar buena parte de las medidas que se quieren poner en marcha para la protección de los más vulnerables. Los morados pretenden que el gravamen que se les imponga tenga efectos inmediatos. Los socialistas replican que lo «ordenado» es que la medida que se apruebe entre en vigor el 1 de enero de 2023 e insisten en que la jurisprudencia es clara a la hora de rechazar que se hagan modificaciones sobre un impuesto como el de Sociedades mediante un real decreto ley.

En todo caso, Sánchez se esmeró en dejar claro, como ya habían hecho los ministros de Hacienda y Presidencia, que hay sintonía en el fondo del asunto. «Sabemos que la inflación está alta, pero este Gobierno sabe muy bien para quién gobierna y sabemos muy bien que hay otros sectores que quieren mantener los privilegios y el statu quo», dijo, en una evidente alusión a las eléctricas y las petroleras, al término de su participación en un Consejo Europeo que se dedicó en su última jornada a cuestiones económicas. «Sabemos para quién gobernamos -insistió- y gobernamos para proteger a las familias que han devenido mucho más vulnerables como consecuencia del alza del coste de la vida».

Esa última afirmación remite a otro de los asuntos conflictivos entre el PSOE y sus socios. Los morados sostienen que esta vez los socialistas sí están dispuestos a aprobar un cheque para compensar a las familias por el alza del coste de la vida y que la disputa está en su cuantía (Podemos reclama 300 euros) y en el nivel de renta a partir del cuál sería aplicable. El principal partido del Ejecutivo entendería que tiene que limitarse a quienes estén por debajo de los 20.000 euros anuales y el minoritario apuntaría más alto. «Quieren limitarse a ayudar a los que ya están en una situación dramática; nosotros, evitar que otros muchos caigan en ella», alegan en el partido de Ione Belarra.

Los socialistas ni siquiera confirman, en todo caso, que ya hayan accedido a aprobar esa medida, en vigor en países como Francia o Italia pero desacreditada este viernes mismo, por ejemplo, por la primera ministra sueca, Magdalena Anderson. Es más, reprochan a Podemos -que también mantiene viva su exigencia de una reducción al 50% de los abones para transporte- que haya difundido la idea de que habrá sí o sí un cheque para tratar de condicionar la negociación.