Sánchez acelera el plan anticrisis tras el revés del 19-J con el pulso entre Díaz y Montero sin resolver

La decisión de pisar el acelerador obligará al Gobierno a una negociación a uña de caballo para solventar las diferencias con sus socios. El PSOE ha asumido, en principio, que no puede limitarse a prorrogar por tres meses las medidas aprobadas el pasado 29 de marzo y que incluían la bonificación de 20 céntimos de euro por litro de carburante repostado, la ampliación de la cobertura del bono social a más de dos millones de hogares, la limitación al 2% de la revisión anual de los contratos de alquiler o un aumento del 15% en el Ingreso Mínimo Vital. Ya se comprometió a regañadientes con EH-Bildu, por ejemplo, a aumentar también en un 15% las pensiones no contributivas –una exigencia que comparte Unidas Podemos– a cambio de su imprescindible apoyo a la ley de fondos de pensiones de Escrivá. Pero hay más asuntos en discusión.

El socio minoritario del Ejecutivo ha sido especialmente incisivo en exigencias como la puesta en marcha de un bono de 10 euros para el transporte público y la prohibición estructural de los cortes de suministros a familias vulnerables. También reprochan la universalidad de la bonificación al carburante. Y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha sido especialmente beligerante sobre la necesidad de crear un impuesto extraordinario a las eléctricas. Tanto que la semana pasada protagonizó un encontronazo a cuenta del asunto con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. Este mismo lunes, un día después del 19-J, reclamó elevar a esas empresas la tasa del Impuesto sobre Sociedades en 10 puntos y aprobar un bono de 300 euros para las personas «más golpeadas por la crisis».

Los socialistas se resisten a discriminar por renta en la bonificación del carburante y defienden que también la clase media tiene que recibir ayudas del Gobierno. Montero, que este martes pidió a Díaz no airear los debates internos, volvió a mostrarse además reticente a que el real decreto ley de prórroga del plan anticrisis incluya ese recargo y, aunque alegó que también considera «de justicia» que las empresas paguen más, defendió en TVE que «lo más ordenado» sería que pueda aplicarse al inicio del ejercicio fiscal. Es decir, no ahora, sino en enero de 2023.

A pesar de intentar desvincular tanto a Sánchez como a Díaz de los resultados obtenidos por el PSOE y Por Andalucía, las dos partes del Gobierno coinciden en que las elecciones del domingo han puesto de manifiesto que su acción no termina de calar. Pero su visión de cómo rentabilizar las políticas llevadas a cabo gracias, en buena medida, a la UE es contrapuesta. Los socialistas dan por sentado que «los líos» en el Ejecutivo les están penalizando, que los morados buscan como sea no acabar difuminados. «Tenemos un año y medio por delante para explicar todos los días, a todas las horas y todos los minutos las medidas que estamos tomando para mejorar la vida de la gente, por encima del ruido», reivindicó este martes el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Ambos quieren dejar atrás, en cualquier caso, el marco de un cambio de ciclo que tanto interesa al PP. Yolanda Díaz, que esquivó, desde la Moncloa, muchas de las preguntas que se le hicieron sobre el fracaso de su proyecto el domingo, terminó mostrándose retadora. «Claro que vamos a reflexionar, y le voy a dar una mala noticia a nuestros adversarios: vamos a acabar la legislatura», dijo.

Para salir del bucle electoral, Sánchez también habría querido celebrar ya el encuentro pendiente con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, tras la crisis por Pegasus. De momento, hoy se verán solo el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la consejera Marta Vilagrà.