El PP sale en tromba a exigir al Gobierno el pago de la deuda de financiación

A falta de sesiones de control al Gobierno (Pedro Sánchez no responde en el Congreso a preguntas de la oposición desde febrero) y ante el bloqueo de la vida política, el PP encontró en la deuda a las comunidades autónomas una vía alternativa para poner en aprietos al Ejecutivo. Hasta ahora, Hacienda se había refugiado en los argumentos de un informe de la Abogacía del Estado que le impedía asumir los pagos a cuenta de la recaudación del IRPF y la liquidación del IVA porque estaba en funciones y no podía condicionar las decisiones del futuro Gobierno. Pero era un argumento «verbal» transmitido por los servicios jurídicos y no constaba por escrito, como sospechaba el PP. Solo este martes, con la ofensiva de los populares 'in crescendo', los letrados entregaron un informe de 13 páginas a los responsables de Hacienda con las razones jurídicas para no efectuar los desembolsos.

Desde el PP pidieron hoy la dimisión de la ministra María Jesús Montero por «mentir». Ciudadanos se subió al carro y anunció que pedirá «la reprobación» del Congreso a la titular de Hacienda. En paralelo, los presidentes autonómicos del principal partido de la oposición reclamaron a Montero la convocatoria inmediata del Consejo de Política Fiscal y Financiera para acordar una fórmula que permita a las comunidades ingresar el dinero adeudado.

Sin esos fondos, alegan los gobernantes populares, el cumplimiento del objetivo de déficit del 0,1% este año está en serio peligro y habría que imponer un programa de recortes del gasto público. El grupo popular en el Congreso de forma simultánea preguntó al Gobierno por las razones que tiene para no haber convocado hasta ahora el Consejo y si tiene previsto hacerlo en los próximos días.

Los barones del PP no dan crédito al argumento de la interinidad del Gobierno porque «estar en funciones no es estar sin funciones», alegó el gallego Alberto Núñez Feijoó. «El Gobierno se ha quedado sin excusas» para atender a sus obligaciones con las comunidades, apuntó el andaluz Juan Manuel Moreno. La ministra de Hacienda, sin embargo, no cedió, y aunque ofreció entregar al PP el informe de la Abogacía del Estado se ratificó en que es necesario encontrar una fórmula legal para efectuar los pagos. Una solución que su departamento aún no ha encontrado.

Una explicación también endeble, a juicio de la oposición, que se malicia que el retraso en los desembolsos es una maniobra para presionar al PP y Ciudadanos y que faciliten la investidura de Pedro Sánchez para normalizar la situación financiera de las comunidades. «Ya lo hicieron con los Presupuestos», recuerdan los populares, cuando los socialistas advirtieron de que sin cuentas aprobadas no se podrían satisfacer las entregas a cuenta a las autonomías por la recaudación del IRPF y otros impuestos.

El origen del problema está en el enrevesado sistema de financiación en vigor y que debería haber sido renovado hace cinco años, aunque en su momento el Gobierno de Mariano Rajoy alegó que la crisis económica desaconsejaba hacer cambios. El modelo establece que Hacienda recauda los impuestos en todo el territorio -salvo el País Vasco y Navarra que se rigen por un concierto económico con el Estado- y después remite a las autonomías anticipos a cuenta de la recaudación estimada en su territorio del 50% del IRPF e IVA y el 58% de los impuestos especiales (sobre el alcohol, tabacos y carburantes), entre otros. Las comunidades fijaron en sus presupuestos de este año unos ingresos de 7.756 millones de euros en concepto de anticipos a cuenta de Hacienda, pero como los Presupuestos del Estado no se han aprobado recibirán 4.739 millones menos porque las cuentas vigentes son las de 2018.