Robles enfada a las asociaciones militares tras romperse la mesa de diálogo

Diez días después de la reflexión de Robles, las asociaciones se levantaron y abandonaron el órgano ministerial que trata las preocupaciones del personal de las Fuerzas Armadas (FAS), llamado Coperfas. Este consejo está presidido por la ministra, aunque lleva tiempo delegando su asiento en la subsecretaria Amparo Valcarce.

«Se ha quitado de en medio en un evidente desprecio a cualquier negociación con los interlocutores de los soldados, que somos las asociaciones. La tropa ya no confía en sus mandos y canaliza sus preocupaciones en nosotros», explica Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), que cuenta con unos 3.000 afiliados.

Lejos queda la imagen de aquella ministra que se presentó en junio de 2018 ante los colectivos con un talante «de puertas abiertas». Dispuesta a trabajar para mejorar la conciliación de los miles de hombres y mujeres que conforman las Fuerzas Armadas; de mejorar los sueldos mileuristas de la tropa y marinería; o de solventar la amenaza de rescindir el contrato de los soldados cuando alcanzan los 45 años.

«Ahora su puerta es inaccesible. Ha convertido Coperfas –creado en 2005 bajo el paraguas de la Ley Orgánica de Defensa Nacional– en una herramienta para anular todas las propuestas de mejora de la vida militar», comenta el cabo primero Gómez.

«Salvo Carme Chacón, que no se dejó influenciar en sus grandes decisiones, Robles ha caído en la misma dinámica que sus antecesores, el llamado 'síndrome de los cuarteles generales'. Dejarse llevar por una visión decimonónica de las FAS a través de su corolario de oficiales con estrellas», añade el teniente Bravo, de AUME, asociación transversal que cuenta con unos 3.600 socios.

Según los últimos datos conocidos, la decena de asociaciones inscritas en el registro de Defensa tienen unos 16.200 militares afiliados, esto supone el 14% de los 117.000 efectivos con los que contaba las Fuerzas Armadas en 2018.

La paulatina defenestración del papel de Consejo de Personal (Coperfas) se ha consumado a lo largo del pasado año. Primero con la forma con la que Robles difundió su propuesta para incrementar el sueldo de los militares: entre 40 y 113 euros al mes en función del empleo. Una nueva tabla salarial que apenas llegaba al 10% de la petición del asociacionismo militar, que defiende la equiparación salarial con Policía y Guardia Civil.

«Nos enteramos por las filtraciones en prensa y luego convocó un consejo extraordinario en junio. De las cinco asociaciones representadas en Coperfas nos hemos levantado cuatro (solo prosigue la que patrocina a los oficiales) y Robles ya no nos quiere recibir», relata Gómez. «Cualquier policía que salga de la academia cobra el triple que un militar con 27 años de servicio, como es mi caso. Somos soldados 'mileuristas' que conducimos carros de combate de 11 millones de euros», ejemplifica el responsable de ATME.

Desde el ministerio, en cambio, se escudan en que es la primera subida salarial de los últimos años tras lograr sacar una partida de 200 millones en un contexto de austeridad y control del gasto.

Sin embargo, el enfado por esta «mísera» propuesta salarial se llevó a la calle. El 16 de octubre pasado se convocó una manifestación para reclamar «menos migajas» y retribuciones justas. «El colectivo militar es tratado únicamente como mano de obra barata a quien se pretende ningunear impunemente. 'Operación Balmis', Afganistán, riadas, volcán de La Palma... Buenas palabras y medallas honoríficas pero ningún hecho práctico», critica Bravo.

El portavoz de AUME comenta que Defensa ha demorado de forma indefinida la finalización de una comisión creada hace cinco años para la revisión de sus derechos como personal militar, «mientras se parchea una y otra vez los desarrollos de dichas normas, generando inseguridad jurídica y produciendo continuamente agravios profesionales».

En estos dos años y medio de Robles al frente del ministerio no se ha aprobado ninguna ley ni está en marcha ningún anteproyecto. Es más, el asociacionismo militar sigue arrinconado en los cuarteles como una actividad proscrita, propia de otras épocas, mientras que oficiales en la reserva tienen libertad para llevar a cabo ciertas actividades privadas en las unidades: dar charlas para vender colchones, seguros de vida o clases de idiomas.

«El 'síndrome de los cuarteles generales' se ha apoderado de Robles, quien nos tendrá delante ante sus continuos desprecios», remacha el teniente Bravo. Y es que los colectivos de militares llevan luchando desde hace dos décadas para extender su actuación sindical. Incluso en los tribunales, respaldados por una sentencia del Tribunal Supremo de 2017 que apoya su derecho de manifestación como forma de libertad de expresión.