Reynders se marcha sin convencer al Gobierno para reformar la elección del CGPJ

Y es que no solo no ha conseguido ninguno de los dos principales objetivos de su visita, sino que además se ha llevado un rapapolvo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez por haber tratado de presentarse como mediador entre el Moncloa y el PP, un papel que ha irritado sobremanera al Ejecutivo, hasta el punto de que el propio Reynderse ha tenido que recular estos días e insistir en que nunca ha pretendido ejercer ese papel de intermediario.

El último varapalo al enviado de Bruselas por parte del Gobierno tuvo lugar este mismo viernes cuando el Ministerio de Justicia y otras fuentes del Gobierno descartaran tener la más mínima intención de tocar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Un desmentido en toda regla al político belga, quie pocos minutos antes en un encuentro con la prensa había asegurado haber recibido un «compromiso genuino» por parte de todas las fuerzas políticas para renovar de forma urgente el consejo e, «inmediatamente después», encarar la reforma del sistema de elección de los vocales, para que sean los propios jueces quienes elijan a la mayoría de los miembros del CGPJ, tal y como viene reclamando de forma insistente la Comisión.

Reynders -que este viernes concluye su visita con entrevistas con el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, y el presidente del Poder Judicial Carlos Lesmes- dejó claro ante todos los interlocutores que, pese a todo, la Comisión Europea no se plantea, al menos por el momento, sanciones a España por sus retrasos en la renovación del CGPJ. El enviado explicó que Bruselas considera la situación de España «totalmente diferente» a la de Polonia y Hungría. «En estos dos países hay regresiones y vuelta atrás (en el Estado de Derecho). Están poniendo en marcha leyes que les alejan de los valores europeos. En esos dos estados hay problemas sistémicos», explicó Reynders.

El alto funcionario comunitario señaló que Bruselas no tiene intención de hacer uso de «instrumentos judiciales y económicos como la suspensión de fondos» contra España porque la Comisión entiende que no la no renovación del Poder Judicial no es un desafío a los valores de la Unión, sino una simple traba a una «mejora» del sistema.

Sin embargo, Didier Reynders dejó claro que considera que la negativa de España a atender las peticiones de la Comisión puede afectar seriamente a la «reputación» del país, sobre todo en puertas a la Presidencia europea en el segundo semestre de 2023. «Es deseable mostrar voluntad de alinearse con las reglas europeas. La presidencia debe dar ejemplo de Estado de Derecho», avisó al Gobierno de Sánchez. «Es importante demostrar que al comienzo de una tarea tan importante como la Presidencia ha sido capaz de llevar a cabo el camino correcto», insistió.