El rey Juan Carlos cumple un año en Emiratos convencido del cierre de las investigaciones

Las dos regularizaciones fiscales presentadas en su nombre -una, para satisfacer los impuestos por el uso de tarjetas opacas que alcanzó los 678.000 euros, y otra, por 4,4 millones, correspondientes a pagos en especie no declarados-, lejos de calmar las cosas, han revelado una conducta nada ejemplar que solo ha aumentado la presión política y mediática sobre su hijo Felipe VI, en el punto de mira de Unidas Podemos y del resto de formaciones republicanas.

Las regularizaciones han dado pie a nuevas investigaciones para cerrar los expedientes y evitar un proceso judicial, pero hasta que la Fiscalía resuelva sus pesquisas y se descarten responsabilidades penales no parece probable que el anterior jefe del Estado pueda regresar. Lo haría, pasase lo que pasase, si es requerido por los tribunales, como ha dejado claro su abogado Javier Sánchez-Junco. El Gobierno insiste en que, por ahora, no tiene ninguna causa de la que responder ante la justicia, por lo que el emérito puede «volver cuando necesite o quiera».

Desde que don Juan Carlos llegó a Emiratos Árabes Unidos han sido muchos los momentos en los que ha pensado en regresar. Sobre todo la pasada Navidad, cuando desde su entorno se presionó y se filtraron a los medios los deseos que tenía de volver. Sin embargo, consciente de que su regreso podría opacar el discurso de Nochebuena de Felipe VI, desistió en su anhelo. El exmonarca se escudó en la pandemia y su condición de persona de riesgo por su edad y estado físico.

Cuentan sus íntimos que su ánimo es bueno, pese a la dificultad de las circunstancias y sus problemas de movilidad. En Abu Dabi, donde vive de la generosidad de los jeques, le acompañan a tiempo completo sus escoltas, cuatro, que se turnan para servirle, y sus ayudas de cámara, tres, que también van rotando su estancia en el país árabe.

Allí recibe la visita diaria de sus fisioterapeutas que vigilan de cerca su salud, resentida a sus 83 años por las secuelas de una larga lista de enfermedades que le han obligado a pasar hasta en 17 ocasiones por quirófano. Aunque está en permanente contacto con su círculo más íntimo, para apaciguar su soledad, las infantas Elena y Cristina han aumentado la frecuencia de sus visitas.

Ellas, junto con su médico personal, el doctor Manuel Sánchez, se han convertido en sus principales baluartes al cumplirse un año lejos de casa.

Si cualquier movimiento depende de la marcha de las diligencia de la Fiscalía del Tribunal Supremo, el emérito ya puede esperar sentado en su retiro de lujo en Abu Dhabi. Las tres líneas de investigación abiertas en estos doce meses no han llegado a puerto por diferentes motivos. Sobre todo por el celo del equipo del teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campo, para examinar las regularizaciones realizadas por el investigado por un montante superior a los cinco millones de euros. Es decir, si han sido «espontáneas, veraces y completas». De momento, el grupo formado por fiscales y peritos de la Agencia Tributaria lleva tres meses inspeccionando los pagos. La imagen del Ministerio Fiscal también está en juego.

En concreto, don Juan Carlos realizó a finales de febrero un pago de 4,4 millones tras abonar, de forma previa, 678.393 euros en diciembre. Esta liquidación se llevó a cabo por los pagos para gastos personales (viajes, estancias hoteleras, etc.) abonados por la Fundación Zagatka, propiedad de su primo lejano Álvaro de Orleans. En la primera regularización, en cambio, se incluyeron intereses y recargos por el uso de tarjetas de crédito por parte de familiares del rey emérito para gastos propios.

Este pago al fisco se refiere a los ingresos opacos que recibió entre 2016 y 2018, ejercicios tributarios en los que ya no era inviolable tras su abdicación en 2014. Dos personas están señaladas por estos hechos: el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y el asesor de campo de don Juan Carlos, el coronel Nicolás Murga, que habrían actuado de pagador y de presunto testaferro, respectivamente.

El rey emérito tiene dos diligencias más abiertas en el Tribunal Supremo, donde se encuentra aforado: la investigación sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por las obras del AVE a La Meca en 2014 (todavía era inviolable, por lo que se procederá al archivo ) y la relativa a las supuestas sociedades abiertas en paraísos fiscales para ocultar el dinero a Hacienda. En este caso, abierto en noviembre pasado, fue el servicio de antiblanqueo el que recibió una información de «inteligencia financiera» sobre una supuesta fortuna en la isla de Jersey. Se trata de un trust en el que figura Juan Carlos I como beneficiario y que se nutre de fondos de otro vehículo financiero similar en las islas del Canal.

A ello se le suma otro frente judicial en Reino Unido. La empresaria Corinna Larsen denunció al emérito ante el Tribunal Superior británico por acoso y por someterla a «vigilancia ilegal». Si bien aún debe dirimirse si la justicia inglesa es competente para investigar a un exjefe del Estado de otra nación.