El rey emérito tropieza con las filtraciones

El pasado 30 de octubre se conoció a través de un medio digital que la Fiscalía del Supremo preparaba el archivo de las diligencias abiertas en junio por las presuntas comisiones del AVE saudí. Se habían encontrado indicios de delito fiscal y/o blanqueo de capitales, pero todos estos hechos abarcaban el periodo de su reinado. Es decir, era inimputable. La coletilla de la información fue que el cierre de las diligencias vendrían acompañadas de un «duro relato» por las actividades del anterior monarca, y que los reyes Felipe y Letizia y la princesa Leonor no tenían nada que ver. Se quedaban al margen.

Este martes pasado, 2 de noviembre, una vez digerido el archivo por la inviolabilidad de don Juan Carlos, se conoció a través de otro medio digital que Anticorrupción investigaba al rey emérito, a doña Sofía y a familiares cercanos por el uso de tarjetas opacas a nombre de terceros para gastos personales. Un presunto entramado para evitar la lupa de la Agencia Tributaria y que contaría con dos testaferros, un coronel y un empresario mexicano cercanos al exjefe del Estado.

La publicación de la noticia no tardó en ser confirmada por la Fiscalía General del Estado a través de un comunicado esa misma mañana. Son las diligencias de Anticorrupción 12/2019 y se habrían hallado indicios de delito del emérito tras los informes enviados por Hacienda y el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac). El mensaje era doble para don Juan Carlos y su entorno, y sobre cualquier intención de regresar de Abu Dabi: lejos de cerrarse, los problemas judiciales se incrementan.

Y el colofón llegó este viernes. En un encuentro informal con periodistas, la fiscal general Dolores Delgado, exministra socialista de Justicia, reveló acompañada del jefe de Anticorrupción que una tercera investigación en el Supremo, «todavía muy incipiente», estaba en marcha contra don Juan Carlos. En ella, se supo después por fuentes judiciales, se apunta a la existencia de un 'trust' (fideicomiso relacionado con sociedades instrumentales) en el paraíso fiscal de Jersey. En las próximas semanas, según avance la investigación, se sabrá si hay o no caso.

Pero lo que es una realidad es que el avispero judicial se ha agitado de tal manera en una semana que lejos queda ya el secretismo que había acompañado la primera investigación en los cuatro meses anteriores. Pero, ¿qué ha pasado realmente? ¿Era tan importante mandarle un mensaje contundente a don Juan Carlos de que no sería bienvenido si regresaba?

La Casa Real y el Gobierno, a través de la vicepresidenta primera Carmen Calvo, mantienen conversaciones constantes para evitar por todos los medios este escenario y que el emérito mancille por extensión la imagen pública de su hijo. Más si cabe después de que Felipe VI pasara por el difícil trance de romper toda relación con su padre y rubricar marcha hace apenas tres meses.

El Ejecutivo espera que el Rey quite de la cabeza a don Juan Carlos su intención de regresar antes de Navidad. En un principio se pactó que el billete no tuviera fecha de regreso hasta que no se sustanciaran las investigaciones judiciales, pero nada ni nadie podría impedir ahora al emérito coger un avión y presentarse en Madrid en solo siete horas. A cambio, Calvo ha garantizado a don Felipe que el Gobierno no le dejaría arrastrarse en medio de esta marejada para la pervivencia de la institución monárquica.

Esta posición protectora ha quedado bien clara en dos asuntos: en junio pasado el PSOE se desligó de su socio de coalición y votó junto a PP y Vox rechazar admitir a trámite las comisiones de investigación a don Juan Carlos, que fueron reclamadas por varios grupos parlamentarios. Incluso se pidió expresamente un informe a los letrados de la Cámara para que dejaran claro, y así se entendió por ende en la Fiscalía, que la inviolabilidad abarcaba a todo su reinado. «La no sujeción a responsabilidades consagradas en el artículo 56.3 de la Constitución, son absolutas, abarcan la totalidad del periodo en que se ejerce la Jefatura del Estado y tienen efectos jurídicos permanentes», afirmaron los técnicos.

El segundo caso es la presión para que el CIS no haga sangre en la herida y continúe con su política de no preguntar al detalle sobre la Corona, que no se abra un debate. En septiembre pasado, sin ir más lejos, se rompió un silencio de de cinco años para cuestionar, en medio de la pandemia, el grado de preocupación por diferentes instituciones, entre ellas la monarquía. Pero el organismo dirigido por Tezanos, que cuenta con un presupuesto superior a los nueve millones de euros, no quiso entrar a detalle pese a que la polémica judicial del rey emérito ha copado la atención de la opinión pública todo el verano.