Iñigo Gurruchaga
Londres
Lunes, 18 de julio 2022, 17:21
Dos jueces del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales han otorgado este lunes al rey emérito, Juan Carlos I, la oportunidad de presentar en la misma corte, en otoño, un recurso contra la sentencia que el 24 de marzo negó que esté protegido, por ... la inmunidad legal de los soberanos, de las acusaciones y demandas de su examante, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein-Sayn.
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El abogado del rey emérito, Tim Otty, argumentó en una sesión de menos de dos horas que el magistrado Matthew Nicklin interpretó de manera restrictiva el concepto de Casa Real. «Es un concepto, no un lugar», puntualizó. Según él, Nicklin tendría que haber basado su juicio en la existencia de «lazos de proximidad» y «dependencia», estipulados en la Convención de Viena, que regula la protección de los diplomáticos.
Su argumento es que el procesamiento del emérito en un tribunal inglés afectaría a la dignidad de Felipe VI y por tanto al ejercicio de sus funciones, vulnerando el compromiso entre Estados para proteger a los soberanos. Destacó que la Familia Real española está compuesta solo por seis personas, de tal modo que se cumplen los dos requisitos de la ley internacional.
El recurso, que será breve, puede anular la decisión del primer juez y será competencia de los abogados de Corinna recomendar a su cliente si presenta el caso a la máxima instancia, el Tribunal Supremo. Si la danesa no persiste con otro recurso, su denuncia quedaría archivada y tendría que emprender acciones legales en España u otra jurisdicción.
La examante de Juan Carlos I le acusa de acoso desde 2012, cuando era rey, y también tras su abdicación en 2014. Los hechos que alega habrían sucedido en el contexto de la disputa sobre los 65 millones que el emérito habría recibido como «comisiones» en Arabia Saudí. El emérito se los habría entregado a Corinna para guardarlos. Ella afirma que fue una «donación irrevocable».
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El general Félix Sanz Roldán tiene un papel destacado en el caso, como supuesto autor de mensajes dulces o amenazantes, o como contratista de una empresa privada de seguridad que en realidad intentaba recuperar papeles comprometidos en la casa de Corinna en Mónaco. Los jueces parecieron inclinarse hacia la idea de que esos actos, anteriores a la abdicación, están protegidos como actos del soberano, o de sus agentes, en el ejercicio de sus funciones públicas.
La cuestión central del juicio en otoño será que el Apartado 20 de la ley británica, de 1978, sobre Inmunidad del Estado, afirma que se aplicarán las normas descritas en la Convención de Viena a «los jefes de Estado» y «a miembros de su familia que forman parte de su Casa». Ha habido interpretaciones diferentes sobre el significado de esa frase, que combina, con minúsculas, Familia Real y Casa Real.
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El juez Nicklin descartó la inmunidad del emérito porque consideró que los supuestos acosos a Corinna anteriores a la abdicación fueron actos privados, sin función pública. Y consideró que su alejamiento del país, su ausencia de las funciones públicas y el hecho de que no recibe subvención de la Corona muestran que no es miembro de la Casa Real.
El emérito cambió de abogados tras la derrota de marzo, contratando al despacho Carter Ruck. El presidente del Tribunal de Apelación, Nicholas Underhill, dirige el caso, acompañado del juez Peter Jackson. Corinna es representada por James Lewis, uno de los abogados que representó al Gobierno español en la demanda de extradición de Augusto Pinochet.
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