El Gobierno abre otro ciclo en Cuelgamuros tras la exhumación de Primo de Rivera

El traslado de los restos de Primo de Rivera corrió a cargo de fondos públicos y estaba anunciado ya desde la aprobación el pasado octubre de la Ley de Memoria Democrática, que prohibe la exaltación de golpistas en lugares públicos. En el caso del líder ultraderechista se producía, según refleja la norma, frente al altar de la basílica del antiguo Valle de los Caídos. Después de las exhumaciones de Francisco Franco y del general Gonzalo Queipo de Llano, la del líder de Falange suponía la gran asignatura pendiente del Gobierno. La extracción de los restos se llevó de una manera discreta, nada que ver con las imágenes de 2018 en las que el féretro de Franco se pudieron ver en televisión con el ataúd del dictador a hombros de sus descendientes saliendo del gran mausoleo de la dictadura. Tampoco hubo en esta ocasión helicóptero ni presencia de miembros del Gobierno. A diferencia de Franco, Primo de Rivera no fue jefe de Estado, se justificó desde Moncloa.

La ley de Memoria Democrática permite que Primo de Rivera permanezca en el antiguo Valle de los Caídos al ser una víctima más por haber muerto fusilado, eso sí, fuera de la basílica franquista y en el terreno no sacro del recinto. No obstante, el fundador de Falange dejó escrito en su testamento su deseo de yacer en suelo católico. La familia no renunció a su voluntad y solicitó una exhumación discreta, una decisión que aceptó el Gobierno. Primo de Rivera yace desde ayer en el madrileño cementerio de San Isidro, donde también están sepultados sus hermanos Miguel y Pilar. El primero fue ministro de Franco y la segunda fundó la Sección Femenina de la Falange.

La exhumación comenzó a primera hora de la mañana. Los operarios estuvieron custodiados por un amplio despliegue de la Guardia Civil, mientras que los periodistas se quedaron a las puertas de acceso al antiguo Valle de los Caídos.

Frente a la entrada de Cuelgamuros apenas se concentraron una decena de simpatizantes de Primo de Rivera y solo uno ataviado con la camisa azul de la Falange. Sí gritaron muy alto a la salida del cortejo fúnebre con las proclamas tradicionales de la ultraderecha y que giraron desde el «José Antonio, presente» al «arriba España».

El traslado de los restos vivió sus momentos más tensos a la llegada del cortejo familiar al cementerio de San Isidro. En sus aledaños, una centena de falangistas trataron de saltarse el cordón policial pero el amplio despliegue policial no dio pie a más tras practicarse tres detenciones.

El Gobierno socialista, primero, y de coalición junto a Unidas Podemos después, han exhumado a Franco y Primo de Rivera de Cuelgamuros, donde ambos fueron sepultados, cada uno a un lados de altar. Pero sobre el antiguo Valle de los Caídos quedan aún subrayadas asignaturas pendientes. La primera de ellas es la recuperación de los restos de más de cien republicanos muertos en combate o ejecutados que judicialmente reclaman sus familiares. Procesos como el de los hermanos Antonio y Manuel Lapeña llevan paralizados años ante la negativa del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, gobernado por el PP, a otorgar una licencia de obra en el templo franquista que permita sus exhumaciones.

El segundo gran reto comprometido por el Gobierno de Sánchez es desalojar a la orden de los benedictinos que residen en la basílica. Su responsable, Santiago Cantera, ofició ayer una ceremonia en recuerdo de Primo de Rivera. El prior concurrió en el pasado en listas electorales de Falange.

Por último, queda pendiente el proyecto para convertir el rebautizado Valle de Cuelgamuros como un centro de interpretación del franquismo.