ERC rechaza la investidura de Puigdemont si hay «consecuencias penales»

"Para nosotros es fundamental que la investidura no implique improvisaciones, que no se haga sin garantías, que sea efectiva y que no implique consecuencias penales para muchísima gente", ha dicho Rovira.

Y es que la presión judicial sobre el candidato de JxCat a la investidura está empujando al soberanismo a explorar un plan B, del que casi nadie habla públicamente, aunque en privado ya circulan posibles alternativas al bloqueo político actual y a unas nuevas elecciones.

Diversas fuentes soberanistas han señalado a Efe que, después de que el pasado martes el presidente del Parlament, Roger Torrent, aplazara por sorpresa el pleno de investidura, quedan "cada vez menos salidas" para que Puigdemont pueda ser de nuevo presidente de la Generalitat.

Aunque hay partidarios en JxCat y el PDeCAT de explorar alternativas, por el momento guardan silencio públicamente, a la espera de que Puigdemont "saque sus propias conclusiones" y señale un "camino" que posibilite la investidura de un nuevo president.

Los últimos movimientos judiciales han ido estrechando aún más el margen, no sólo para que Puigdemont sea investido sino también para que fuerce unas nuevas elecciones y se presente otra vez como candidato.

El martes se frustró posiblemente su último intento para ser investido: Torrent, valor en de una ERC que en pocos meses puede ver inhabilitados a buena parte de sus cabezas visibles, evitó un pleno que habría chocado con las medidas cautelares del Constitucional.

En la segunda mitad de febrero, tras recibir todas las alegaciones, el TC podrá decidir si admite el recurso del Gobierno para impedir que Puigdemont sea investido, y fuentes soberanistas apenas albergan esperanzas de que levante su veto a una investidura a distancia.

Si el TC admite a trámite el recurso del Gobierno, el pleno de investidura y la candidatura de Puigdemont quedarán automáticamente en suspenso y en marzo, según calculan las fuentes consultadas, el alto tribunal puede acabar confirmando su veto a una investidura de Puigdemont desde Bélgica, como apuntan las medidas cautelares.

En estas condiciones, fuentes republicanas dan por hecho que Torrent no se la jugaría forzando una investidura que "no tendría efectos prácticos" e implicaría una "desobediencia" que arrastraría al presidente del Parlament a una causa penal.

Pero esta semana el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha mencionado una nueva variable: la posibilidad de que los miembros del último Govern, en prisión o fugados, sean inhabilitados en primavera para ostentar cargo público, una vez el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dicte auto de procesamiento por rebelión.

Si en marzo o abril fuera inhabilitado, Puigdemont no podría ostentar ningún cargo ni repetir como candidato en unas hipotéticas elecciones convocadas si no hay otro que pueda ser investido.

En las filas de JxCat se esgrimía como verosímil el escenario de nuevas elecciones si se impedía la investidura de Puigdemont, que en ese caso, argumentaban, podría salir reforzado en las urnas, pero la posibilidad de inhabilitación obliga a replantear la estrategia.

Si en las próximas semanas Puigdemont decidiese aceptar una responsabilidad meramente simbólica y se acelerase un plan B, apuntan las fuentes, podría apuntar como candidatos Jordi Sànchez, expresidente de la ANC, número dos de su candidatura y ahora presidente del grupo parlamentario de JxCat, que está en prisión.

Sànchez tiene la confianza de Puigdemont y está bien valorado por JxCat y el PDeCAT, pero se está estudiando si jurídicamente sería viable postularlo para la investidura.

Más allá del simbolismo y el pulso que implicaría investir a un diputado encarcelado, hay dudas de que pudiese asumir el cargo, ya que el juez ya le denegó su asistencia a la sesión constitutiva del Parlament, sin entrar en su eventual inhabilitación a corto plazo.

La siguiente opción que diferentes fuentes consultadas ponen encima de la mesa pasaría por investir a Jordi Turull, que fue conseller de la Presidencia y que concurrió como número 4 de JxCat.

Además de su experiencia y de que goza de la confianza de Puigdemont, Turull salió de la cárcel de Estremera (Madrid) junto con Josep Rull, otro de los hombres fuertes de JxCat, y en principio no sería inhabilitado en primavera, aunque sí podría serlo si hay sentencia antes de fin de año.

Otro nombre que ha circulado es el de Elsa Artadi, estrecha colaboradora de Puigdemont y vertebradora de la "lista del president", pero su perfil genera recelos entre algunos diputados de JxCat y su relación con la dirección del PDeCAT -partido del que se dio de baja antes de las elecciones- es precaria.

Pero aunque el plan B no pase inicialmente por ella, sí podría entrar en el nuevo Govern en una posición de alta responsabilidad y, en caso de que el nuevo president fuese inhabilitado, Artadi podría asumir las riendas de la Generalitat.

Sectores del partido avalarían un nombre de renovación y con vínculos con el mundo local, como el alcalde de Mollerussa (Lleida), Marc Solsona, diputado de JxCat y valor emergente del PDeCAT.