Rajoy plantea el cese del Govern y la convocatoria de elecciones en Cataluña en seis meses

Ahora es el Senado quien debe aprobar este acuerdo el próximo viernes en el pleno extraordinario. Será el viernes por la mañana. Por la tarde, el Gobierno podrá aplicar las medidas del artículo 155 tras retrasar la reunión del Consejo de Ministros. En ella pueden ultimarse algunos detalles sobre la aplicación de las medidas, que entrarán en vigor en cuanto sean publicadas en el Boletín Oficial del Estado.

Toda la plana mayor del Ejecutivo ha acudido a la rueda de prensa ofrecida por Rajoy a las 13.30 horas, en la que el presidente del Gobierno ha detallado las medidas más relevantes que va a solicitar al Senado.

"No se suspende la autonomía, sino que se cesa a las personas que han puesto al Gobierno catalán al margen de la Constitución", ha explicado Rajoy en rueda de prensa. Así, ha destacado que solo se cesa a las personas que "han puesto en peligro la democracia".

Rajoy ha afirmado que a partir de que el Senado lo apruebe, la facultad de disolver del Parlamento de Cataluña "pasa al presidente del Gobierno", quien puede convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses. A pesar de este plazo, Rajoy ha señalado que su "voluntad" es hacerlo "tan pronto como recuperemos la normalidad institucional".

Uno de los objetivos es "recuperar la normalidad y la convicencia, que se ha deteriorado mucho en Cataluña", ha detallado. Además, continuar con la recuperación económica, "uno de los aspectos en los que más se ha faltado a la verdad cuando se exponían los efectos beneficiosos de la independencia".

"Se han trasladado más de 1.000 sedes sociales de empresas en los últimos días, se han desincentivado las inversiones nacionales e internacionales, y se ha desmotivado el turismo, uno de los factores más importantes del PIB de Cataluña", ha explicado Rajoy.

El Gobierno justifica la adopción de medidas en aplicación del 155 de la Constitución por la desobediencia de la Generalitat a las obligaciones que le impone la ley y por el hecho de que sus actuaciones "atenten gravemente" al interés general de España.

Así figura en la exposición de motivos de las medidas que está analizando el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria para hacer frente a los planes del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y que serán anunciadas hoy por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy.

El Gobierno considera que Puigdemont puso de manifiesto, en su respuesta al requerimiento del Ejecutivo, su "deliberada voluntad de persistir en la secesión de España y atentar de modo flagrante contra la soberanía nacional y la integridad territorial".

Según relatan en la exposición de motivos, Puigdemont no dio una respuesta afirmativa o negativa a la pregunta de si había declarado la independencia a pesar de advertirle de que cualquier contestación distinta a un sí o un no, se interpretaría como un asentimiento.

En consecuencia, subraya que la respuesta es motivo más que suficiente para entender desatendido el requerimiento. Pero a ello suma que, en su carta, señaló que el pueblo de Cataluña decidió el 1 de octubre la independencia en referéndum, dando así "plena validez y carácter vinculante" a una consulta que recuerda el texto que fue suspendido y anulado por el Tribunal Constitucional.

Por su parte, la Mesa del Senado se reunirá hoy a las 13:00 horas para fijar la tramitación hasta entonces de las decisiones del Gobierno, una tramitación que incluye un plazo para que Puigdemont pueda presentar las alegaciones que considere oportunas.

La segunda ocasión será para debatir las medidas definitivas y redactar el texto que se pasa al Pleno. Lo ideal es que se celebre el viernes próximo, aunque no es seguro. En ese Pleno podría intervenir Rajoy. Con toda esta actividad, la próxima semana será una en las que el Senado tenga más protagonismo de los últimos tiempos.

Desde el Gobierno aseguran que el president de la Generalitat tiene "margen" hasta el día del Pleno en el Senado para "dar marcha atrás y volver a la legalidad".

La suspensión de competencias, no obstante, es una jugada de consecuencias imprevisibles en una Cataluña celosa de su autogobierno, que tiene a su cargo la gestión de importantes servicios como Sanidad y Educación y cuenta con una policía propia.

El presidente catalán Carles Puigdemont ha amenazado con que si se aplica el artículo 155, el Parlamento regional podría proclamar unilateralmente la independencia, amparándose en los resultados del referéndum del 1 de octubre.

Puigdemont está bajo la presión contrapuesta de Madrid y de los círculos empresariales, que le piden dar marcha atrás, y del ala dura del soberanismo, que le exige proclamar ya la república catalana para fortalecer su posición.

También este sábado ha tenido lugar una manifestación en el centro de Barcelona en la que miles de independentistas se han congregado para reclamar la puesta en libertad de los líderes de Omnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, encarcelados preventivamente esta semana como sospechosos de sedición, y para protestar contra la aplicación del 155.