Puigdemont exige la «amnistía total»

A los independentistas les gustaría que el Parlament pudiera funcionar ajeno a lo que ocurre en el Congreso, y que el jefe del Ejecutivo catalán no se tuviera que supeditar a otras agendas, pero la realidad es bien distinta. El debate girará en torno a las reivindicaciones que los independentistas hacen a Pedro Sánchez de una amnistía, que ya dan por descontada, y de un referéndum, que habrá que ver si sorprenden y sitúan como moneda de cambio inmediata o como trofeo de caza a cobrar a lo largo de la legislatura.

Aragonès fijará el rumbo del Govern para los dos años que quedan de legislatura en Cataluña. Su apuesta es pactar una ley de claridad a la canadiense con el Gobierno para poder celebrar una consulta sobre la secesión. De momento, solo los comunes le compran la idea. Su mandato está condicionado por la investidura española y se espera que establezca las exigencias para votar a favor de Pedro Sánchez. Hasta ahora, Aragonès ha reclamado una ley de amnistía, reactivar la mesa de diálogo para poder abordar un referéndum y compromisos para reducir el déficit fiscal y el traspaso de Cercanías. En estos debates siempre hay algún anuncio novedoso. Puigdemont, por su parte, exige una amnistía antes de la investidura, un mediador y sitúa la autodeterminación en una segunda fase: aún no ha aclarado si antes de la votación o para el resto de la legislatura. El expresidente, en el cuarto aniversario de la llamada 'operación Judas', insistió ayer en exigir «que se ponga fin a la represión» y «la amnistía total».

El presidente del Gobierno en funciones necesita los escaños de ERC y Junts. Suman 14 diputados, siete cada uno. Pero negocian por separado. Puigdemont se ha negado a que haya una estrategia coordinada porque quiere tener todo el control de las operaciones, según fuentes republicanas, y esta pugna entre las dos fuerzas nacionalistas complica las negociaciones, porque encarece la puja.

Las propuestas de resolución del debate, que se votan el viernes, darán pistas del estado de las conversaciones para la investidura. Hace tan solo un año, los socialistas no contemplaban ni por asomo sumarse a alguno de los textos impulsados por los independentistas en relación a la cuestión catalana. Ahora no lo descartan. Dependerá del interés que tengan ERC y Junts de marcar perfil soberanista, dos días antes de la celebración del aniversario del referéndum ilegal del 1-O. Los socialistas están en disposición de apoyar alguna resolución de los secesionistas que abogue por la desjudicialización del conflicto catalán. De momento, el concepto de amnistía es tabú para los socialistas.

La Cámara catalana fijó la fecha del debate antes de que el Congreso estableciera la del pleno de investidura, pero el hemiciclo autonómico podía haberla cambiado para que no se solaparan. Desde el Govern señalan que no se supeditan a la agenda española. Fuentes socialistas apuntan, en cambio, que ERC ha aprovechado la coincidencia para tratar de disimular la debilidad que tiene el Govern y la soledad en la que se encuentra desde que Junts decidió hace un año salir del Ejecutivo.

Aragonès gobierna en solitario con los diputados de ERC (33 de 135), aunque presume de haber aprobado dos presupuestos, primero con Junts y los comunes y más tarde con el PSC y los comunes. La ruptura independentista empezó en la Diada de 2022 y se precipitó en el debate de política general del año pasado, después de que el portavoz de Junts instara al presidente de la Generalitat a someterse a una cuestión de confianza. Aragonès reprochó a su vicepresidente, Jordi Puigneró (Junts), que no le hubiera informado de las intenciones de su grupo parlamentario y le destituyó. Tras celebrar una consulta interna, los de Puigdemont decidieron salir del Govern y rompieron con ERC por primera vez desde el inicio del 'procés'.

Puigdemont se salía con la suya. Su apuesta radical cogía forma, a costa de perder poder institucional. ERC y Junts coincidían en que el matrimonio era perjudicial para ambos. Preparan una próxima batalla por la presidencia de la Generalitat, a la que opta también el socialista Salvador Illa, ganador de las últimas elecciones y que se la juega en función de cómo acabe la negociación de la amnistía.