Puigdemont, acorralado

«Puigdemont tiene paralizada Cataluña», afirman fuentes republicanas, a las que les cuesta encontrar interlocutores en Junts per Catalunya para desbloquear una negociación que vuelve a poner al independentismo frente al espejo. Y ante ese espejo, muchas veces no acabó gustándose.

Todas las partes de la negociación apuntan que el embrollo acabará en acuerdo y que tarde o temprano habrá Gobierno en Cataluña. La cuestión es Puigdemont, quien ayer insistió desde Bruselas en que las negociaciones «avanzan bien» porque las dos partes «quieren lo mismo». «ERC y el PDeCAT intentan quitárselo del medio, pero no lo consiguen», señala Oriol Bartomeus, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona. «El independentismo está atrapado en su propia red», señala Joan López Alegre, consultor de comunicación y antiguo dirigente del PP catalán. La clave, señala, está en cómo hacer un gobierno sin imputados y sin que el electorado secesionista lo vea como una renuncia. «Nadie quiere pasar por traidor», asegura. Si nadie asume esa renuncia, «vamos a elecciones en un 40% de posibilidades», se atreve a vaticinar.

En Junts per Catalunya no quieren ni oír hablar de que su cabeza de lista pudiera apartarse, aunque la rumorología está al acecho. Apuntan que están trabajando en un «título legitimador» para el expresidente, pero la forma de articular esa etiqueta tan rimbombante es lo que no acaban de acordar los negociadores de Esquerra y de Junts per Catalunya. Para los primeros no sería más que un mero reconocimiento simbólico para que el expresidente pueda decir adiós con la cabeza alta. De momento, los republicanos no tienen intención de forzar las costuras de la ley porque no quieren más querellas y no quieren poner en peligro judicial a sus dirigentes.

Esta es la consigna que ha dado Oriol Junqueras desde prisión y bajo estos parámetros se mueve Roger Torrent, que ya ha parado dos veces los pies a Puigdemont; la primera el 30 de enero, pocas horas antes del inicio del pleno de investidura. En este sentido, cobra una especial relevancia la suerte que pueda correr mañana Marta Rovira, que declara en el Supremo como investigada. De entrar en prisión, Esquerra quedaría en una situación delicada con sus dos primeros espadas entre rejas. El encarcelamiento de Rovira podría reafirmar a los republicanos en su política de respeto a la legalidad y alejarles más de Puigdemont.

Para los correligionarios del expresident, el título legitimador supone darle el timón y la brújula de la nave, pueda o no ser investido en la Cámara catalana. «El Gobierno central quiere arrasarnos, pero hay que evitarlo», apunta un diputado muy próximo a Puigdemont, que resume cómo se plantea desde una parte del independentismo el laberinto de la investidura. Otro de los próximos al prófugo de Waterloo insiste en que siguen trabajando en su elección y que no contemplan otros escenarios. Sin embargo, fuentes neoconvergentes apuntan que el documento que filtró la CUP, y que atribuía a Junts per Catalunya, sigue siendo válido. En él, Puigdemont ya abría la puerta a no poder ser investido en el Parlamento autonómico. Puigdemont estaría pensando en un rol como el de Tarradellas en el exilio, pero con resortes ejecutivos.

A partir de ahí, entraría en juego el candidato alternativo, que ocuparía la Presidencia de la Generalitat y gobernaría desde Cataluña. En un periodo inicial podría tener en cuenta a Puigdemont, pero la política catalana ya ha dado en los últimos años unos cuantos ejemplos de que el hijo acabó devorando al padre. Primero Artur Mas a Jordi Pujol y más tarde Puigdemont a Mas. En esta línea de bicefalia, la portavoz de los junteros, Elsa Artadi, apuntó ayer otra vía que hasta ahora no había aparecido y que pasaría por negociar una figura con «rango superior» que supla la ausencia física en el Palau de la Generalitat de Puigdemont. Sería insistir en el doble gobierno, el «legítimo» en Bruselas y el operativo en Barcelona, para el que suenan Jordi Sánchez, Jordi Turull o Artadi, esta última la única que está libre de causas penales.

Los nacionalistas dan por hecho que el expresidente, instalado ya en Waterloo, no regresará. Está por ver, por tanto, si optará a una investidura en la Cámara destinada al fracaso, porque sería impugnada y suspendida por el Constitucional, o se conformará con las fórmulas que se han puesto sobre la mesa, como aprobar una propuesta de resolución en la Cámara, votada por los 70 diputados secesionistas en un pleno, que reconozca su legitimidad. Así, Puigdemont pilotaría desde la capital belga una especie de «Consejo de la República», que estaría avalado por la Asamblea de Cargos Electos.