La pugna en el secesionismo deja en el aire el pacto lingüístico

PSC, ERC, Junts y En Comú Podem presentaron el jueves pasado, con muy poca pompa, un acuerdo para reformar el modelo de inmersión, con el que el Govern trata de esquivar la sentencia que le obliga a impartir el 25% de las clases en castellano. En el último día de plazo dado por la justicia para cumplir el fallo, la Generalitat comunicó ayer al TSJC que ha aprobado un decreto que establecerá que el catalán y el castellano «estarán contemplados» en los proyectos lingüísticos de los centros y que ha impulsado una propuesta de reforma de la ley de política lingüística de 1998. Esta modificación legal reconoce por primera vez al español como lengua docente en Cataluña, aunque no establece porcentajes como exige el TSJC.

Está por ver si al Govern le sirve para pasar el corte de la justicia. Pero de entrada, los cambios legales ya han provocado un terremoto en el independentismo. Solo que la ley abra la puerta a que se institucionalice la presencia del español en las aulas como lengua de enseñanza, a pesar de que el catalán seguirá siendo el centro de gravedad, es visto por los sectores más reaccionarios del nacionalismo como una traición al catalán y como una rendición ante la justicia. Esos mismos sectores pidieron la cabeza del consejero catalán de Educación, de ERC, cuando admitió, a raíz de la polémica de Canet o en centros similares, que no podía hacer nada más que acatar las sentencias. Pero aquellos eran casos puntuales y el fallo judicial del TSJC afecta a todo el sistema educativo.

La ANC, el Consejo para la República y el expresidente Torra presionaron a Junts y la formación soberanista dejó en suspenso su apoyo a la ley. La reculada de los de Puigdemont ha abierto un nuevo cisma en el independentismo. ERC, que se mantiene en el acuerdo junto a los socialistas y los comunes, cargó contra sus socios postconvergentes, a los que acusa de irresponsables por «dinamitar» el acuerdo. Junts aboga por buscar un nuevo acuerdo. Y pone como argumento para desmarcarse el «rechazo» que a su juicio ha generado la iniciativa entre las entidades defensoras de la lengua y la comunidad educativa. Òmnium Cultural, en cambio, evitó ayer criticar el acuerdo.

En Junts hay una guerra civil. Dirigentes como Jordi Sànchez o Albert Batet, que han intervenido en la negociación del cambio de la ley, apuestan por una vía pragmática. Puigdemont, Torra y el grupo de afines a Borràs mantienen la retórica rupturista. La presión de las bases y de las redes sociales, como en octubre de 2017, llevó a los postconvergentes a desmarcarse. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, advirtió ayer a Junts. «Cuento con que los cuatro grupos parlamentarios que han impulsado con mucha responsabilidad este acuerdo continuarán dándole apoyo, como no puede ser de otro modo», dijo en Tarragona.

El Govern destaca de la ley propuesta su transversalidad, pues incluye a formaciones no independentistas como el PSC y En Comú Podem en la defensa de la escuela en catalán, y confía en que la participación de los socialistas y los comunes sea un argumento de peso para el Gobierno para no pedir al TSJC una ejecución forzosa de la sentencia. Quien sí lo hará será la entidad bilingüista Escuela de Todos. «Ninguna modificación legislativa puede sustituir al cumplimiento efectivo de la sentencia», señaló.