Sánchez cede a una intervención limitada del alquiler para aprobar las Cuentas a tiempo

El jefe del Ejecutivo había prometido que, por primera vez en cuatro años, el proyecto presupuestario –que incluye 25.000 millones de euros del fondo de recuperación europeo– sería aprobado «en tiempo y forma». Aunque la Constitución marca que las Cuentas deben ser enviadas a la Cámara baja tres meses antes de que expiren las del año anterior, Sánchez se dio cierto margen, hasta la primera semana de octubre, para poder llegar a un entendimiento con sus socios, sabedor de que en la práctica no supondría demasiado inconveniente. El año pasado el Consejo de Ministros dio luz verde a los Presupuestos a finales de octubre y no hizo falta incurrir en ninguna prórroga.

Las cosas, en todo caso, no pintaban excesivamente bien este lunes cuando, tras una reunión entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, la vicepresidenta segunda y máxima autoridad de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz, cargó con dureza contra la «cerrazón» de los socialistas y emplazó a seguir hablando en los próximos días. «Lamento decirles que no hay acuerdo», avisó. Fuentes socialistas, sin embargo, dejaron claro que no pensaban tirar la toalla. Las convesaciones siguieron. «Incluso por la noche», apuntan en la Moncloa.

El acuerdo definitivo se produjo, finalmente, durante el café previo al Consejo de Ministros, en una reunión entre el propio Sánchez, Díaz, Bolaños, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y Belarra, que además de ministra es secretaria general de Unidas Podemos. Fue tan rápido que incluso cogió por sorpresa a uno de los principales negociadores del partido confederal de izquierdas, su responsable de Economía, Nacho Álvarez, que a esa hora ofrecía una entrevista en RTVE.

La clave está en la aceptación, por parte de los socialistas, de una intervención en realidad muy limitada del mercado del alquiler, solo aplicable a aquellas zonas que las comunidades autónomas declaren como «tensionadas». Algo que para el PP es, en todo caso, un «ataque sin precedentes contra la propiedad privada».

La nueva norma –que PSOE_y UP han tardado en negociar más de un año y para la que, según admitió Bolaños, no hay aún fecha de aprobación–, no obliga a ninguna administración a utilizar sus mecanismos pero sí ofrece un paraguas jurídico a quienes lo deseen. Es el caso de Cataluña, cuya ley de vivienda fue recurrida por el Gobierno el pasado junio por vulnerar las competencias del Estado.

Los socialistas ya habían accedido hace semanas a otras de las principales demandas de Podemos, como la subida del SMI para este este año, y se habían mostrado sensibles a la fijación de un tipo efectivo de Impuesto de Sociedades del 15% para grandes empresas, en linea con los planteamientos de la OCDE. Esa medida fiscal se ha incluido también en el acuerdo de presupuestos. «Nos vamos a colocar en la vanguardia», presumió Díaz. «Este acuerdo –dijo incluso– abre camino a un nuevo país».

El Ejecutivo aspira ahora a contar con los mismos aliados que el pasado año – Esquerra, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País, Compromís y Nueva Canarias, Teruel Existe y el Partido Regionalista de Cantabria– para aprobar las Cuentas, aunque desde algunas de esas formaciones se apresuraron ya a advertir este martes que no deberían dar nada por sentado. «El voto de ERC se suda», repitió Gabriel Rufián en una comparecencia en el Congreso. También el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, avisó de que para él no sería «el fin del mundo» prorrogar los Presupuestos actuales.

Las formaciones de ambos dirigentes registraron la semana pasada junto a Unidas Podemos, precisamente, una propuesta de ley de vivienda elaborada por sindicatos y organizaciones civiles con el objetivo de presionar a los socialistas, que hasta hace dos días rechazaban vincular este asunto con la negociación de las Cuentas públicas. Pero además del control del precio del alquiler –que provocó un fuerte desgaste en el exministro de Fomento, José Luis Ábalos, y al margen del cuya negociación, aparentemente, se ha dejado a su sucesora,_Raquel Sánchez– tienen sus propias exigencias, en el caso del valenciano, relacionadas con la financiación autonómica.

Lo que ya está claro es que esta vez el PSOE_no intentará meter en la ecuación a Ciudadanos, como ocurrió en 2020. El propio partido liberal ha avanzado que ahora no hará ningún esfuerzo po negociar las Cuentas porque presume que el Gobierno ya las tiene habladas con ERC y EH-Bildu y no está dispuesto a «blanquear», en palabras de su portavoz, Edmundo Bal, acuerdos con formaciones independentistas.