PSOE y Podemos negocian los Presupuestos en medio de un clima enrarecido

Fuentes de ambos bloques del Ejecutivo coinciden en que la relación entre la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, es «fluida» y se han mantenido los contactos en las últimas semanas, con intercambio de documentos de por medio. Pero las posturas iniciales no son cercanas. La ley de Vivienda y la reforma fiscal son para los morados una prioridad. Los socialistas lo saben y por eso asumen que la negociación paralela al proyecto de ley que garantizaría a Sánchez completar la legislatura con comodidad no va a ser sencilla.

El principal problema de la ley de Vivienda sigue estando en la regulación de los alquileres, firmada por los socialistas hace casi un año y que aún está sin cumplir. Que la negociación se haya dilatado tanto en el tiempo ha evidenciado las discrepancias entre los socios y ha tensado la coalición en muchos momentos. El cambio efectuado por Sánchez en el Ministerio de Transportes, sustituyendo a José Luis Ábalos por Raquel Sánchez, apuntó a un posible desbloqueo de las negociaciones. Nada más lejos de la realidad. El nuevo equipo ministerial sigue apostando por no intervenir el mercado de los alquileres y por poner en marcha incentivos fiscales para los propietarios de vivienda, una posición defendida por Ábalos desde el principio.

Los impuestos también enfrentan al PSOE, que prefiere esperar a las conclusiones del comité de expertos de Hacienda, cuyos trabajos no finalizarán hasta el próximo año, y a Unidas Podemos, que plantea introducir en estas cuentas subidas fiscales a las rentas más altas y a las grandes empresas. Con ese objetivo, el área gubernamental dirigida por Díaz va a intentar introducir en el pacto presupuestario el compromiso al que se ha llegado en la OCDE sobre un impuesto de Sociedades global de un mínimo del 15%.

No será el único escollo que ambos socios tendrán que salvar. La reforma laboral planea desde hace meses en el cuartel general morado, que insiste en tenerla aprobada «antes del 31 de diciembre», así como la subida del salario mínimo interprofesional. Un incremento que el ala económica socialista rechazaba para este año pero al que, finalmente, se ha abierto tras mucha negociación interna. El Gobierno ya ha puesto en marcha el trámite y ha citado para este miércoles a los agentes sociales con el objetivo de discutir allí la subida del salario mínimo para 2021 y los años siguientes.

Pero si quieren dejar aprobado el proyecto presupuestario «antes de final de año», como prometió Sánchez el pasado junio, las dos formaciones tendrán que pisar el acelerador para llegar a un consenso. Para presentar las cuentas «en tiempo y forma», como quieren en la Moncloa, el borrador presupuestario deberá ser remitido a las Cortes antes del 30 de septiembre, momento en que daría comienzo una tramitación parlamentaria de unos tres meses de duración.

Cerrado el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, la ministra de Hacienda se sentará con el resto de grupos parlamentarios -fundamentalmente los que apoyaron la investidura de Sánchez- para lograr una mayoría que permita sacar adelante las cuentas públicas y apuntalar la legislatura hasta 2023.