PSOE y Podemos negocian contra reloj para pulir divergencias en el plan anticrisis

En las últimas semanas, se ha hecho evidente, una vez más, que las recetas de la fuerza minoritaria del Gobierno iban mucho más lejos en cuanto a intervención del Estado y gasto público de lo que se planteaban los socialistas, pero también que, pese a afirmar que desean un «gran acuerdo del país» y tender formalmente la mano al PP, el PSOE es reticente a aplicar las reducciones de impuestos a las que el primer partido de la oposición, y también Vox y Ciudadanos, fían el alivio de los sectores económicos y las familias golpeadas por la inflación.

Sin los populares, el Ejecutivo necesitará el apoyo de sus socios de investidura para sacar adelante el real decreto ley. Esquerra ya ha blandido su voto en contra de la reforma laboral como prueba de que sólo si se adoptan medidas que sintonicen con lo que considera una orientación progresista, avalará el texto y eso da una baza a Unidas Podemos.

Los morados consideran primordial atar un buen acuerdo para contentar a sus bases. Fuentes cercanas a la dirección admiten necesitar una «victoria» en el Consejo de Ministros de mañana tras unas semanas muy adversas para sus intereses. Decisiones como el envío directo de armas a Ucrania y el giro en el Sáhara Occidental les han puesto en un serio brete, pero los morados confían en que las medidas para mitigar la crisis contribuyan a opacar las discrepancias y a escenificar la utilidad de su permanencia en el Gobierno de coalición.

Con ese objetivo, un equipo forado por el Secretario de Estado de Trabajo y número dos de Yolanda Díaz, Joaquín Pérez Rey; el jefe de gabinete de la vicepresidenta segunda, Josep Vendrell, y el Secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez, se afanan por hacer valer ante los socialistas sus posiciones.

La negociación, según fuentes gubernamentales, se ha organizado en tres bloques: el social, el laboral, y el relacionado estrictamente con la energía y la fórmula para reducir los precios. Todo con plena conciencia de que en algunas materias las posturas estaban muy alejadas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya dejó caer hace semanas que consideraba que había fórmulas más eficaces para reducir los beneficios de las eléctricas que subirles los impuestos, como plantea Unidas Podemos, y el asunto ni siquiera se puso sobre la mesa en la reunión que el jefe del Ejecutivo celebró el martes pasado con los primeros ejecutivos de las principales compañías del sector. También la vicepresidenta, Nadia Calviño, ha desdeñado en público la intención de Yolanda Díaz de prohibir los despidos objetivos por causas relacionadas con las consecuencias de la guerra.

La principal aspiración del socio minoritario del Ejecutivo es la de crear un cheque energético de 300 euros para las familias cuya renta conjunta no supere los 70.000 euros anuales. Toman como referencia el modelo de Alemania, que aprobó la medida con idéntico importe, y de Francia, que lo hizo ya en octubre con un bono de 100 euros. Ponen el foco en esta propuesta en concreto por su impacto tangible en el bolsillo de un importante sector de la ciudadanía. También buscan que el Ingreso Mínimo Vital aumente su cuantía en un 18% y aliviar requisitos como los umbrales de renta e incluso la edad mínima, bajándola de los 23 a los 20 años.