PSOE y Podemos pactan sacar de la 'ley mordaza' las devoluciones en caliente

Este viernes, durante el segundo encuentro (el primero tuvo lugar el miércoles), desbloquearon la mayor patata caliente de la norma: la eliminación de las devoluciones en caliente en la futura ley que sustituirá a la actual. Los socialistas se resistían a prohibir estas entregas de inmigrantes en la frontera, sin embargo, han esquivado la cuestión aceptando que se saquen de la 'ley mordaza' las referencias a devoluciones que, en todo caso, continuarán de momento permitidas por la ley de extranjería.

Con este avance esperan traer de nuevo al redil a su socio. Los morados, por su parte, continúan explorando la táctica de centrar sus demandas semanales en un tema principal. De hecho, Unidas Podemos anunció el acuerdo a bombo y platillo a primera hora de la mañana mientras en Ferraz no compartían la euforia y se limitaban a reconocer «avances» en una negociación que, señalan, solo acaba de empezar después de estar tres años paralizada.

Fuentes de la formación morada reconocen, de hecho, que se está trabajando en «omitir» las menciones a asuntos de extranjería y fronteras de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero que estas permanecen en la legislación conforme en los convenios internacionales suscritos por España.

No es el único punto en el que los socios de Gobierno han acercado posturas. También están de acuerdo en que el tiempo de identificación en comisaría sea de un máximo de dos horas, salvo causas excepcionales «debidamente alegadas». «La identificación en comisaría debe ser excepcional y una vez concluida la persona identificada tiene que ser devuelta al lugar desde el que fue conducida a comisaría», señalan las mismas fuentes.

En cuanto a los registros corporales, el acuerdo alcanzado recoge que estos «siempre serán circunscritos a indicios concretos y comprobables y en todo caso cuando impliquen dejar a la vista parcialmente el cuerpo deberán realizarse en lugares donde se preserve la intimidada del administrado, fuera de la vista de terceros».

Los morados también pretenden que se reduzca la cuantía de las multas y que estas se adapten «proporcionalmente» a la capacidad económica del sancionado; que «en ningún caso» la ausencia de comunicación previa impida el ejercicio del derecho de manifestación siempre que sea de forma pacífica; o que la toma y difusión de imágenes de agentes en operaciones policiales no se sancione cuando no afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los policías o sus familias.