PSOE y Podemos exhiben unidad con la polémica ley de vivienda

Unidas Podemos –que llegó a firmar que tras la decisión del órgano de gobierno de los jueces se escondía «la mano invisible de las élites del ladrillo»– ya había advertido de que no aceptaría ninguna alteración en el contenido de la ley. Los socialistas, menos agresivos, aseguraron que leerían con atención lo que el Poder Judicial tuviera que decir pero también dejaron claro que sólo tomarían en consideración las aportaciones relativas a los tres artículos de la norma que tocan la ley de enjuiciamiento civil con el argumento de que si el informe resultaba preceptivo, que no vinculante, era únicamente por esas cuestiones procesales. De ese modo, lanzaron a sus socios el mensaje de que no le darían razones para entrar en conflicto.

El intento de preservar la paz interna no es casual. En un momento en el que la convalidación de la reforma laboral amenaza la mayoría de la investidura y en el que han aflorado diferencias por la conveniencia o no de apoyarse en Ciudadanos, las dos almas del Ejecutivo han hecho un claro esfuerzo por trasladar una imagen de unidad. En la Moncloa comparecieron, de hecho, tanto la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, como la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra; algo que, en cambio, no ocurrió cuando lo que se llevó al Consejo de Ministros fue el anteproyecto, el pasado 26 de octubre. Entonces, la comparecencia corrió a cargo de la ministra socialista.

Belarra, que ha hecho de la ley de vivienda uno de sus principales caballos de batalla desde el inicio de la legislatura, se mostró satisfecha pese a las múltiples limitaciones a las que se enfrenta. Para empezar, la norma aún tardará en entrar en vigor. No sólo porque aunque se vaya a solicitar su tramitación en el Congreso por la vía de urgencia difícilmente va a estar lista antes de la segunda mitad del año, sino porque el texto incluye una 'vacatio legis' de 18 meses para la implementación de uno de sus aspectos clave, el control de precios del alquiler.

La ministra de Derechos Sociales admitió que el proyecto gubernamental es tan solo, «el primer paso del camino que este país tiene que recorrer para dejar atrás las burbujas inmobiliarias, los pelotazos urbanísticos y la especulación» y no negó que se corre el riesgo de que la legislatura acabe sin que su impacto pueda ser percibido por los ciudadanos. Pero aseguró que se intentarán agilizar los plazos. Y se mostró convencida de que incluso «la derecha» la acabará utilizando.

La medida estrella de los morados se enfrenta a un doble problema. Por un lado, que son las comunidades autónomas las competentes para solicitar al Gobierno la declaración de una zona como «tensionada» y las gobernadas por el PP ya han advertido de que no intervendrán el mercado. Por otro, que salvo excepciones como la de Cataluña (a cuya normativa se ha querido dar amparo con esta ley) muchos territorios que deseen echar mano de las nuevas herramientas a su disposición tendrán que elaborar previamente los índices de precios de los alquileres que servirán de referencia para aplicar las limitaciones e incentivos que contempla la ley.

El Gobierno todavía tiene que ganarse, además, el apoyo de socios fundamentales como el PNV. En buena medida, a eso responde que los escasos retoques realizados en el anteproyecto, tras el informe del CGPJ, se hayan centrado, según subrayó la ministra Sánchez, en «clarificar por qué el Estado tiene competencias para regular sobre esta materia, en virtud del 149 de la Constitución» e introducir referencias a las legislaciones autonómicas. En cambio, se han ignorado los comentarios del Poder Judicial sobre la intromisión en la propiedad privada, una vulneración que el Ejecutivo niega.