El PSOE, PP y Vox frenan la ley de amnistía independentista

El portazo a la iniciativa llega justo cuando Esquerra, socio fundamental de la legislatura, acaba de firmar con la CUP un preacuerdo de investidura en el que los republicanos se comprometen a conceder al Gobierno un máximo de dos años para que acepte tanto la amnistía de los procesados y condenados por el intento de secesión de 2017 como la celebración de un referéndum de autodeterminación.

Con las elecciones a la Comunidad de Madrid en el horizonte próximo, los socialistas tienen ahora como prioridad no provocar el rechazo de los votantes de Ciudadanos, de quienes depende, como admitió ayer la número dos de Ángel Gabilondo, Hana Jalloul, el «desempate» entre el bloque de derecha y el bloque de la izquierda. Pero, en todo caso, confía en ir capeando al mismo tiempo los reproches de su socio de investidura.

Frente al perdón y olvido de los delitos cometidos, que según argumentó hace unos días el secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, «tendría un carácter más político de absolución», el Gobierno mantiene viva la expectativa de conceder indultos a los secesionistas condenados por delitos de sedición y malversación. Un gesto que los independentistas consideran, sin embargo, insuficiente.

El portavoz de Esquerra en la Cámara baja, Gabriel Rufián, lanzó por lo pronto un aviso para escenificar su malestar. «Yo no voy a salir aquí todos los martes a decirle al PSOE que se la está jugando. No lo voy a hacer porque lo sabe», dijo tras la reunión de la Junta de Portavoces. Pero evitó ir demasiado lejos.

Al contrario de lo que ocurrió en la campaña de las catalanas, cuando dejó al Ejecutivo al albur de Vox al votar en contra del decreto de reforma de la administración para la gestión de los fondos europeos, ERC no tiene previsto un gesto inamistoso inmediato y apoyará el decreto ley que aprobó ayudas directas de 7.000 millones de euros para autonomos y empresas afectados por la pandemia. «La gente lo está pasando muy mal», justificó Rufián.

Los republicanos siempre consideraron que salir de los comicios del 14 de febrero como primera fuerza independentista del Parlament era tanto como recibir un aval del electorado a su apuesta por el diálogo, de la que no quiere apearse tan fácilmente, pero la necesidad de los votos de Junts per Catalunya para formar gobierno vuelve a ponerles en una encrucijada.

La formación de Carles Puigdemont aprovechó ayer, de hecho, la decisión de la Mesa del Congreso de no tramitar la ley de amnistía para reclamar a los de Oriol Junqueras que tomen nota. «La vía del diálogo está muerta y los socios de investidura deberían hacer un ejercicio de honestidad», defendió la portavoz de la formación en la Cámara baja, Míriam Nogueras.

Los tres partidos secesionistas catalanes con representación en el Congreso, ERC, Junts y la CUP, anunciaron su intención de recurrir «sin esperanzas» la decisión de la Mesa._Pero no fueron los únicos en censurarla. No en vano, prácticamente todos los socios de investidura del Gobierno de Pedro Sánchez la discutieron. El PNV argumentó que no es tan evidente que la amnistía sea inconstitucional y que en caso de duda siempre es mejor dejar al Parlamento debatir. El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, adujo que el Gobierno debería ser «valiente» porque el catalán es un problema político que requiere de «soluciones políticas».

No es esta, con todo, la única cuestión que amenaza con tensar la relación del Ejecutivo con los partidos que le ayudaron, supuestamente, a apuntalar la legislatura con la aprobación de los Presupuestos. Iglesias, decidido a que su última batalla antes de abandonar la vicepresidencia sea la de la regulación de los precios del alquiler, tiene de su lado a buena parte de los aliados gubernamentales frente a la propuesta del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, de utilizar estímulos fiscales para ampliar el parque de vivienda a precios asequibles. Y así lo advirtieron ERC, EH-Bildu, Más País y Compromís.