El PSOE y ERC consuman su pacto para rebajar también las penas por malversación

Las consecuencias efectivas que tendrá la tipificación acordada es aún incierta. Esquerra defiende que una vez el texto entre en vigor conductas como la llevada a cabo por los principales responsables de la Generalitat en 2017 –el desvío de dinero público para la financiación de un referéndum ilegal– no podrán ser perseguidas. Los socialistas, en cambio, lo niegan. En cualquier caso, lo que no podrán es ser castigadas como lo fueron en 2019 por el Tribunal Supremo.

El pacto con los republicanos –con los que el Gobierno y el PSOE aseguraron durante días no estar negociando– vuelve a la distinción previa a la reforma del Código Penal de 2015 para separar apropiación indebida y de la administración desleal (que no implica ánimo de lucro propio o de terceros). Para la apropiación indebida, mantiene las penas en vigor; para la administración desleal –que, como subraya Esquerra, se considerará tal cuando implique «daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviese consignado» originariamente el dinero– no. De hecho, se verán sustancialmente rebajadas.

Si ahora la horquilla en vigor va de los dos a los seis años de prisión, con la nueva redacción quedarán en entre uno y cuatro, mientras las penas de inhabilitación asociadas al mismo delito pasan de los entre seis y diez años actuales a entre dos y seis años; algo que resulta clave para el líder de la formación independentista, Oriol Junqueras, que en aplicación del principio jurídico que obliga a aplicar la norma penal más beneficiosa al reo, podría ya presentarse a las próximas elecciones, aunque fue inhabilitado por el Supremo hasta 2031.

Hay que tener en cuenta además que, según el código de 2015, «si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere los 250.000 euros» la pena se podría elevar hasta los ocho o incluso los 12 años. En el caso del procés, las cantidades de dinero desviadas alcanzaron los 2,3 millones de euros. En la nueva redacción, en cambio, ese supuesto agravado no se contempla para la administración desleal.

La reforma de la malversación es especialmente espinosa para los socialistas que, así como –salvo rigurosas excepciones como la de Emiliano García-Page o Javier Lambán– aceptaron sin demasiado ruido la supresión de la sedición, se asomaron a los planes de Pedro Sánchez sobre un delito relacionado con la corrupción con mucha más cautela. La dirección del PSOE ha tratado de acallar las reticencias expresadas incluso por barones afines al presidente, como el madrileño Juan Lobato o el castellanoleonés Luis Tudanca, con la promesa de que ningún «corrupto» se beneficiará de estos cambios (hay temor a que efectos indeseados como los de la ley del 'solo el sí es sí') y la inclusión de un nuevo tipo delictivo que castiga el enriquecimiento ilícito con hasta tres años de cárcel.

Los temores a que este paso no sea entendido por sus votantes también han alcanzado al Podemos, que pese a haber estado negociando el fin de semana junto a los socialistas, este mismo lunes decidió no firmar la enmienda transaccional sobre la malversación. Aún así, apoyó su inclusión en la ponencia, como la mayoría de aliados parlamentarios del Gobierno, que insiste, como hizo con los indultos, en que su propósito final es garantizar la «concordia» en Cataluña.