Un programa de izquierda moderada

Los Tratados comunitarios, que constituyen en cierto modo el envoltorio en que tenemos que acomodarnos los europeístas, permiten felizmente el pluralismo político y por lo tanto la alternancia en el poder: tan cómoda se debe sentir la izquierda como la derecha en el consenso socialdemócrata del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y, en efecto, el programa de coalición que acaban de publicar el PSOE y UP con la esperanza de que se convierta en breves días en programa de gobierno enmienda las políticas conservadoras de las que venimos y delimita un proyecto progresista que, dígase lo que se diga, es perfectamente homologable con las posiciones de la izquierda europea y con las condiciones de Bruselas. Un programa en el que la mano de Nadia Calviño —per se o por delegación— aparece explícita en al menos uno de los párrafos clave, el 10.7, titulado «Cumplimiento de los mecanismos de disciplina fiscal para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas», ubicado en el capítulo 10 y que dice textualmente: «Desarrollaremos una política fiscal responsable, que garantice la estabilidad presupuestaria y la reducción del déficit y de la deuda pública…».

La garantía de cumplimiento de las reglas de estabilidad tiene un estrambote que dice así: «…en una senda compatible con el crecimiento económico y la creación de empleo, con el refuerzo de las inversiones productivas en los ámbitos de la transición ecológica, la educación, la ciencia, la I+D y la digitalización, y con niveles adecuados de protección social. Reforzaremos la progresividad del sistema impositivo y la suficiencia de los ingresos públicos, reduciendo las diferencias con la media europea«. En otras palabras, es sabido que España tendrá que practicar un ajuste de aproximadamente 9.000 millones de euros (menos del 1% del PIB), para lo cual no practicará recortes sino que optará por subir impuestos. Era previsible que la izquierda tomara ese camino habida cuenta que la presión fiscal en España es del 34,5%, notablemente por debajo de la media de la eurozona (41,4%) y de la UE (40,2%).

Con todo, no habrá damnificados graves: la revisión más polémica es la del IRPF: «Se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros», sostiene el documento. En lo referente al impuesto de Sociedades, existía consenso económico en que algo fallaba: después de la crisis, la caída de la recaudación ha sido escandalosa. Ahora se pretende una tributación mínima del 15% para las grandes multinacionales (18% para entidades financieras y empresas de hidrocarburos). En definitiva, pagarán más unas 80.000 personas físicas (el 0,4% de las declarantes por IRPF) y unas 10.000 grandes corporaciones (el 0,7% de las empresas). Y se reducirá en dos puntos la tarifa de las pequeñas pymes.

En el terreno laboral, se reconoce la intención derogar la reforma laboral de 2012, que había laminado de facto el derecho de negociación colectiva al hacer prevalecer el convenio de empresa sobre el de sector y eliminar la ultraactividad. Pero como no sería razonable dejar un vacío normativo, se anuncian unos cambios urgentes, que serán precisamente los dos mencionados, así como la derogación de la disposición que permite la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad. Se elevará gradualmente el salario mínimo hasta le 60% del salario medio y habrá asimismo un nuevo Estatuto del los Trabajadores, actualizado y negociado con los agentes sociales.

También en el ámbito económico, será relevante la nueva regulación de la vivienda, encaminada a cumplir el mandato constitucional de conseguir más fácil acceso a una vivienda digna. No se llega a los extremos regulatorios que practican Austria o Alemania pero sí se faculta a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a limitar las subidas en las «zonas tensionadas».

Destacan dos inquietudes centrales del programa: el énfasis en el cambio climático y la ímpetu con que se aborda la transformación digital, tanto en el sector público como en el apoyo al sector privado.

En relación al primero de estos asuntos, se anuncia la Aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como la redacción del Plan nacional integrado de energía y clima, reforma del mercado eléctrico y bajada de la factura. Se desarrollará una Estrategia de transición justa al nuevo modelo energético que incluirá planes de acción urgente para las comarcas afectadas por el cierre de centrales de carbón y centrales nucleares con calendario conocido, y se impulsará una estrategia de Economía Circular que incluirá una ley de plásticos de un solo uso. También se abordará un plan de movilidad sostenible, que incluirá la electrificación del parque y la consiguiente descarbonización.

La educación constituye uno los elementos fundamentales del programa, ubicado en el capítulo 2, que versa sobre «Derechos sociales, regeneración democrática, ciencia e innovación». Propone destinar a este capítulo el 5% del PIB desde el 4,2% actual. Arranca de la derogación de la LOMCE —la ley Wert—, y sigue la pauta del proyecto de ley Celaá, que ya está en las Cortes, y que, entre otras medidas, incluye la eliminación de los itinerarios que obligan a elegir irreversiblemente futuro profesional (formación profesional o carrera universitaria) a los niños a los 13 años, no permitirá los centros segregados por sexos, obligará a los centros concertados a informar a los padres de que los pagos por actividades son siempre voluntarios y dispone que la asignatura de Religión siga siendo voluntaria pero sin alternativa (materia espejo) y que no promedie con las demás asignaturas. El hecho de que esta reforma se realice sin tocar los acuerdos con la Santa Sede indica que no se busca conflictividad alguna, aunque retoma este programa la iniciativa de una nueva ley de Libertad Religiosa que ya planteó Zapatero, aunque sin tiempo para sacarla adelante. En cualquier caso, quizá no se enfatice suficientemente la necesidad de la que gran ley de Educación de este país ha de ser objeto de amplísimo consenso para que no sufra convulsiones a cada alternancia. La ausencia de una oferta de Pacto de Estado en esta materia es quizá la parte más criticable del programa.

En Sanidad, se pretende alcanzar en 2023 una financiación del 7% del PIB, y como era imaginable se propugna la indexación delas pensiones con el IPC, sin perjuicio de subidas mayores de las de menor cuantía. Como parece lógico, se ahonda en el criterio de sanidad universal y se proyecta eliminar paulatinamente todos los copagos.

El programa no es agresivo, ni dogmático, ni —salvo quizá en los párrafos referidos a memoria histórica y en ciertos tramos del proyecto educativo— debería generar polémicas ideológicas. El modelo constitucional de 1978 sale realzado y no oscurecido de este replanteamiento profundo que pretende más rescatar la buena fe de los orígenes que improvisar capítulos nuevos de la historia. Quienes insistan en reiterar la desafortunada alusión al «frente popular» en referencia a la alianza entre el PSOE y UP harán directamente el ridículo, a menos que quieran cultivar a conciencia su propia imagen de sectarios.

Todo el programa es denso y difícilmente abarcable en unos cuantos párrafos. Quizá entre las disposiciones estrictamente políticas las más relevantes son las que se incluyen el capítulo noveno y se refieren a la actualización del Estado autonómico, con la mirada puesta evidentemente en Cataluña. Los firmantes acuerdan «abordar el conflicto político catalán impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual». El texto posibilita la constitución de la Mesa de Gobiernos que anhela ERC ya que, aunque se establece que «el marco de colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas estará definido por el principio de la multilateralidad», tal criterio «no impide la presencia de procedimientos y órganos bilaterales especialmente cuando se trate de dirimir un asunto de interés específico para una o varias comunidades autónomas». En todo caso, y para evitar equívocos, se aclara que «las relaciones bilaterales siempre se regirán por los principios de lealtad y colaboración entre territorios que fija la Constitución».

Ahora le toca al lector más curioso e interesado leerse el programa íntegramente. Si tras estos cuatro años de sobreabundancia política le queda todavía un ápice de curiosidad.