Las prisiones suman 17 positivos y 245 reclusos están en aislamiento preventivo

En su escrito, el hombre de 39 años y nacionalidad española justificó su petición en que el riesgo de un posible contagio de coronavirus podría afectar a su precario estado físico. El recurrente fue trasplantado de un riñón en 2014 y tiene el sistema inmunitario debilitado: toma hasta cinco medicamentos diarios, según recogen los informes médicos oficiales.

Con el criterio desfavorable de la Fiscalía, el tribunal de lo penal denegó la libertad con medidas cautelares al recluso preventivo. Explicó que era cierto que la capacidad de contagio por COVID-19 era «realmente alarmante» y que era necesario extremar las precauciones en grupos de personas con riesgo previo. Sin embargo, concluyó que en este caso no se ha aportado ningún informe médico en el que, «de forma clara y precisa», se diga que su situación tiene mayor probabilidad de contagio y un evidente riesgo vital que requiera su excarcelación.

La puerta de la libertad cautelar, por lo tanto, se cerró para este interno del centro penitenciario de Soto del Real, en Madrid. Y tras decretarse el estado de alarma, el pasado 15 de marzo, la medida se hizo extensiva para todos los reclusos clasificados en primer y segundo grado. Instituciones Penitenciarias ordenó a las juntas de tratamiento de las cerca de 40 cárceles que controla que se suspendieran los permisos y salidas programadas mientras durase esta situación de excepcionalidad, salvo aquellas que se considerasen motivadas por «causas de fuerza mayor o de necesidad».

La anterior instrucción obligaba a los presos a someterse a controles médicos cada vez que retornaban a prisión y a pasar la cuarentena en módulos separados del resto de los internos. Sin embargo, el decreto de estado de alarma cambió la situación.

El objetivo de la administración era impedir por todos los medios que el coronavirus se importase a sus centros. La Organización Mundial de la Salud ya advirtió a principios de marzo que era «crucial» minimizar la aparición de la enfermedad en las cárceles para prevenir grandes brotes, ya que había un alto riesgo de transmisión comunitaria. De momento, la decisión de suspender los permisos o de restringir las entradas y las comunicaciones físicas (vis a vis) ha permitido contener la propagación del COVID-19.

Según los datos de Prisiones, hasta este lunes se habían registrado 17 casos positivos entre toda la población carcelaria (unas 50.800 personas). Estos se produjeron en Estremera, Soto del Real y Navalcarnero (Madrid), Granada, Sevilla y Zaragoza. Diez han requerido hospitalización, cinco están aislados en un módulo habilitado en Estremera y dos ya han sido dados de alta en esta prisión y en Álava. Entre todo el personal de la administración penitenciaria hay 145 positivos.

El órgano subordinado al Ministerio del Interior también ha tomado la decisión de aislar de formar prevententiva a 245 internos con síntomas leves o con otras enfermedades que nada tienen que ver con el coronavirus y a 870 trabajadores de los centros penitenciarios que controla (todos salvo los que están en Cataluña). Estos eran datos conocidos hasta pasado miércoles, según informa Prisiones.

La decisión de suspender la concesión administrativa de los permisos de salida, que ha afectado a conocidos reclusos que lo reclamaron por el COVID-19, caso del extesorero del PP Luis Bárcenas o del comisario jubilado José Manuel Villarejo, no ha repercutido en los internos que se encuentran en tercer grado (regimen de semilibertad) y que solo duermen entre rejas.

En su caso se ha permitido que pernocten en sus domicilios para evitar el contagio y les ha impuesto un control telemático (pulsera) o de voz. De los 7.219 reclusos clasificados en el último grado y que están en los Centros de Inserción Social, 5.192 ya se han beneficiado de esta medida, el 72% del total, según los datos de Prisiones. El resto tienen el hándicap de que no disponen de arraigo social o de residencia fija para poder confinarse.