Los presos del 'procés' obtienen el tercer grado en el arranque de campaña

Todas las resoluciones son el resultado de un análisis individualizado, según fuentes de la Consejería de Justicia del Govern catalán, que es quien tiene las competencias de prisiones. Sin embargo, en el conjunto de los casos, las resoluciones tienen en cuenta que, desde la anterior propuesta de tercer grado, «han cumplido medio año más de pena», aclaran desde Justicia. «Con estos seis meses, todos se sitúan en torno a los tres años internos en los centros penitenciarios y, además, han cumplido o cumplirán la cuarta parte de la pena en los próximos 14 días», añaden. «El servicio de clasificación considera que se trata de un tiempo suficiente para la confirmación de una evolución positiva, de acuerdo con el artículo 104.3 del Reglamento Penitenciario (RP)», han afirmado. En este sentido, subraya que todos han tenido acceso al régimen en 100.2 y en tercer grado, «sin incidentes, con pleno compromiso con la tarea encomendada y con una valoración positiva, tanto para el proceso de reinserción sociolaboral como para el mantenimiento del vínculo familiar».

La concesión es de efectos inmediatos. Los presos, por tanto, podrán salir de la cárcel de lunes a viernes durante el día para ir a trabajar o hacer labores de voluntariado. Podrán pasar los fines de semana en casa, de viernes a lunes. La decisión llega horas antes del arranque de la campaña electoral. Los presos del 'procés' podrán participar en mítines y en actos de la carrera electoral. ERC cuenta con Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carme Forcadell. Al presidente del partido se le espera en al menos dos mítines de la campaña, además de que participará a través de entrevistas.

Servicios Penitenciarios coincide en destacar la «participación en actividades de razonamiento, juicio crítico y resolución de conflictos; la máxima colaboración, tanto con el resto de internos como con los profesionales de los equipamientos penitenciarios; así como la ausencia de incumplimientos judiciales y de expedientes disciplinarios». Las resoluciones también tienen en cuenta que, en todos los casos, existe una red social y familiar favorable para la rehabilitación, junto con un pronóstico de «bajo riesgo de reincidencia». «Es por todo ello que, con el objetivo de favorecer y consolidar el itinerario de reinserción sociolaboral en el ámbito privado, Justicia resuelve dar continuidad a sus programas de tratamiento con un régimen de mayor autonomía», señala el Departamento de la Generalitat. .

Golpe de efecto del Govern, de JxCat y ERC, que está por ver cuánto dura, pues la Fiscalía podría recurrir la concesión. La ley establece que la Consejería de Justicia debe trasladar las resoluciones de tercer grado a la Fiscalía, que las puede recurrir ante el juzgado de vigilancia penitenciaria correspondiente. Las decisiones de los juzgados de vigilancia también se pueden recurrir, en última instancia, ante el tribunal sentenciador, que, en este caso, es el Tribunal Supremo.

A los seis meses de su condena, los penales catalanes y más tarde Servicios Penitenciarios de la Generalitat concedieron el pasado mes de julio este régimen de semilibertad a los dirigentes secesionistas, aunque con posterioridad fueron revocados por el Tribunal Supremo, en contra del criterio de los juzgados de vigilancia penitenciaria, que avalaron las concesiones. El Alto Tribunal, que fue quien juzgó y condenó a los líderes secesionistas, argumentó que era preciso que transcurriera un periodo de tiempo mayor que el que los presos llevaban entonces en prisión para evaluar adecuadamente su evolución y el tratamiento penitenciario, máxime cuando se trata de condenas elevadas (de 9 a 13 años de cárcel) de las que ninguno había cumplido la mitad y la mayoría ni siquiera una cuarta parte. En cualquier caso, el Supremo no precisó en sus autos qué tiempo sería preciso que transcurriera para que la concesión no fuera considerada «prematura».

Ahora, transcurridos ya otros seis meses desde la primera concesión del tercer grado, que es el periodo en que cada prisión revisa el régimen penitenciario de cada interno, los penales y Servicios Penitenciarios han considerado que se dan las condiciones para concederles el régimen de semilibertad, del que buena parte de ellos solo pudieron disfrutar dos semanas en la etapa anterior antes de su impugnación por parte de la Fiscalía. El recurso del Ministerio Público tuvo efectos inmediatos. En el caso de Carme Forcadell y Dolors Bassa, el tercer grado fue efectivo entre julio y diciembre, pues los juzgados de vigilancia penitenciarios que resolvieron sus casos no consideraron necesaria la suspensión cautelar antes de que se pronunciara el Supremo.

En uno de los autos de uno de los jueces de vigilancia penitenciaria que avaló el 100.2, en este caso el de Junqueras, el magistrado recordó que la propia sentencia del Alto Tribunal que condenó a los presos del 'procés' no incluyó la petición de la Fiscalía de que los condenados no pudieran acceder al tercer grado hasta el cumplimiento del 50% de la pena. No obstante, el Supremo lanzó un aviso a los funcionarios de las prisiones catalanas cuando se planteaban permitir a los presos con 100.2 pasar el confinamiento en sus casas.