PP y ERC presionan a Sánchez y ponen contra las cuerdas el decreto anticrisis

Si los populares decidieran no oponerse al paquete de medidas –que incluye ayudas directas al sector del transporte, de la pesca o de la agricultura; la bonificación de 20 céntimos de euro por litro de carburante para todos los ciudadanos; el aumento del 15% de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital; la extensión a 600.000 familias del bono social; límites a la subida de los alquileres; o la prórroga hasta el 30 de junio de las rebajas de los impuestos a la luz– la posición de ERC se convertiría en irrelevante. Aunque Sánchez pidió ayer «el mayor de los acuerdos», al Gobierno le basta una mayoría simple, garantizada si el primer partido de la oposición se abstiene.

El responsable de economía del PP, Juan Bravo, dio a entender que esperarán hasta el último momento a que se produzca una llamada del Ejecutivo que aclare si está dispuesto a incorporar alguna de las propuestas que el viernes planteó Alberto Núñez Feijóo por escrito y sin el membrete del partido. Entre otras, una rebaja en los tres primeros tramos del IRPF, la implantación de un nuevo tramo temporal del mínimo exento y la concesión directa de entre 200 y 300 euros para todas las declaraciones que oscilen entre los 14.000 y los 17.000 euros. Y junto a ello, Bravo aprovechó para hurgar en la herida abierta entre Sánchez y sus principales aliados.

El dirigente popular reprochó que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se desplazara este domingo a Barcelona para reunirse con la consejera Laura Vilagrà y, en cambio, ningún miembro del Gobierno se haya puesto en contacto con su partido. «¿Es el espionaje el principal problema de los españoles o que se haya disparado el precio del transporte y de los alimentos y no lleguen a fin de mes?», adujo.

El Ejecutivo se niega a creer que la continuidad de la legislatura esté en riesgo, como desde hace días avisa el presidente de la Generalitat, pero tampoco desdeña el malestar de sus socios de investidura. Bolaños afirmó, en una entrevista en La 1, que entiende la preocupación generada por la información publicada por 'The New Yorker' sobre la interceptación masiva de comunicaciones en el mundo independentista e insistió en que el Gobierno está dispuesto a hacer un ejercicio de transparencia.

El problema es que a ERC no le valen las soluciones que la Moncloa ha puesto sobre la mesa: una investigación interna en el CNI, la desclasificación de documentos, que la responsable de los servicios de inteligencia comparezca ante la comisión de secretos oficiales (aún sin constituir) y la colaboración con las pesquisas que inicien la justicia y el Defensor del Pueblo.

Aunque Esquerra no oculta que le incomodaría rechazar este real decreto ley, avisa de que peligran «todas» las votaciones en el Congreso y de que está en manos del Ejecutivo evitarlo. Primero, con una implicación directa de Sánchez, que aún no ha dicho palabra sobre el asunto y, sobre todo, haciendo que rueden cabezas.