El PSOE da por controlado el 'caso Tito Berni' y descarta que la mancha se extienda

Un día después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vaticinara que el caso «hará caer» al Gobierno - «espero que tenga modo de demostrar que nunca estuvo en los negocios de Tito Berni», llegó a decir sobre Pedro Sánchez- la diputada popular Belén Hoyo anunció la solicitud de comparecencia en el Congreso del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y preguntas para las ya reclamadas de la vicepresidenta Nadia Calviño en el Senado y los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles en la Cámara baja. En todos los casos, los populares exigen explicar en qué medida el exdiputado socialista y el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, también imputado, pudieron servirse de dependencias y medios del Estado para sus fines supuestamente espurios.

La dirección del PSOE no ha abierto una investigación interna como tal pero sí ha hecho pesquisas informales para tratar de dilucidar si hay algo de cierto en las afirmaciones del intermediario de la trama corrupta, Marco Antonio Navarro Tacoronte, según el cual, en una de las cenas entre políticos y empresarios que, tras visitar el Congreso, acababan en fiestas con prostitutas y cocaína participaron «15 o 16» de sus diputados. Y, de momento, les restan toda credibilidad.

En Ferraz aseguran tener constancia de las clásicas cenas «entre compañeros» de fuera de Madrid que se alojan en hoteles y van a tomar algo juntos después del pleno, pero no de nada que implique comportamientos delictivos o poco estéticos. El portavoz parlamentario del partido, Patxi López, se mostró en todo caso tajante. «Ese diputado entregó el acta -dijo en alusión a Fuentes Curbelo- y eso es lo que vamos a hacer si hay más». La secretaria general del PP, sin embargo, tildó de insuficientes estas explicaciones. «Lo que ha quedado claro es que desde el PSOE se sabe quiénes son y se tapan quiénes son», dijo.

Como la víspera el propio Pedro Sánchez o la vicesecretaria general del partido, María Jesús Montero, el portavoz en el Congreso y la del Gobierno, Isabel Rodríguez, acusaron al PP de usar una «doble vara de medir». «En cualquier ámbito puede haber corrupción, pero la diferencia es cómo se actúa», remarcó el 'exlehendakari'.

Los socialistas no pierden ocasión de recordar, así, que la alcaldesa de Marbella y senadora Ángeles Muñoz, repetirá como candidata el 28-M y mantiene su acta parlamentaria pese al procesamiento de su marido y su hijastro en una trama de narcotráfico y las sospechas que pesan sobre el origen de un patrimonio que no incluyó en la declaración de bienes ante el Senado. También recuerdan, como dardo expreso hacia Ayuso, que Pablo Casado fue defenestrado como líder del PP poco después de poner el foco sobre un contrato adjudicado en pandemia por la Comunidad de Madrid a un conocido del hermano de la presidenta y por el que este percibió una jugosa comisión. O reprochan a Alberto Núñez Feijóo que este domingo comiera con el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, investigado por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

En el conjunto del PSOE se respira una moderada inquietud. En la mayor parte de los territorios creen que la diligencia con la que se ha actuado desde Ferraz juega a su favor y apuestan por que el caso no tendrá impacto electoral más allá de Canarias, donde hasta ahora creían tener todas las papeletas para gobernar. Con todo, algunos dirigentes territoriales advierten de que los casos de corrupción dañan la imagen de la política «en general». Esa fue también este martes la advertencia del portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique. El dirigente morado, que tildó el 'caso Mediador' de «gravísimo», dejó claro, aun así, que no respaldaría una eventual comisión de investigación a instancias del PP. Tampoco están por la labor el PNV o el PDeCAT. Solo Gabriel Rufián, de ERC Joan Baldoví de Compromís, afirmaron que la apoyarían aunque los populares no han decidido aún si solicitarla.