El PP supera en cómoda coexistencia con Cs y Vox un año de gobierno en Andalucía

En los 12 meses transcurridos desde que, contra todo pronóstico, alcanzaran la Junta de Andalucía, la acción de gobierno de populares y liberales ha girado en torno a la denuncia de lo que consideran consecuencia de casi cuatro décadas de mandato socialista: listas de espera maquilladas a la baja, personas dependientes sin contabilizar, vacunas sin usar, cajas fuertes ocultas con documentación comprometida de Empleo y el caso ERE… Más allá de una bajada de impuestos a las clases altas comprometida durante la campaña electoral, lo cierto es que gestión ha pasado más por la erosión del anterior ejecutivo en las áreas que el PSOE llevaba por bandera (los servicios públicos y sociales) que por la puesta en marcha de medidas efectivas.

El Ejecutivo de coalición presume de que los nuevos aires pasan por una manera diferente de hacer las cosas, con más controles y transparencia, menos burocracia y un adelgazamiento del tejido de entes instrumentales de la Junta mediante una auditoría cuyos resultados se conocerán en unos meses. Pero aunque los resultados económicos han acompañado, la lentitud del pregonado «cambio» se ha notado sobre todo en los dos ámbitos que más movilizaron a los andaluces contra el PSOE, la Sanidad y la Educación. Es aquí donde más han sufrido PP y Cs la ingratitud de gobernar: los problemas siguen siendo los mismos a ojos de los ciudadanos, que demandan más recursos y prosiguen las movilizaciones. El desgaste, o la inexperiencia, se percibe además en el goteo constante de dimisiones, 25 en apenas un año.

La relación con Vox tampoco ha provocado graves enfrentamientos, más allá de los golpes sobre la mesa de la ultraderecha. Con más tacticismo que otra cosa, como se vio al tensar la cuerda hasta el último minuto para aprobar, sin grandes concesiones al final, los primeros presupuestos del Gobierno de coalición. A esa buena convivencia del Ejecutivo con su cooperador necesario ayudan incluso las discrepancias entre los socios, porque las aparentes diferencias que tienen PP y Cs ante las propuestas de Vox les han eximido de hacer seguidismo de la extrema derecha. Una postura que, de paso, permite a la formación naranja marcar cierta distancia y ampliar su posible base electoral en un momento de especial debilidad, ya que a la crisis interna se suman los sondeos que constatan que Cs no está sabiendo rentabilizar su paso por la Junta.

La fortaleza de Vox en este tiempo ha estado en ir deslizando lentamente parte de su postulado ideológico en el debate y la agenda política regional, rompiendo consensos que se creían sólidos. El gobierno andaluz, especialmente el ala del PP, ha aceptado el teléfono para la violencia intrafamiliar, la forma en la que la ultraderecha minimiza la violencia machista; titubea con el 'pin parental', que ve «perfectamente asumible» dentro del marco legal; y ha prometido una ley de Concordia frente a los acuerdos en materia de Memoria Histórica. Y aunque reconoce que no son un problema de seguridad, también ha aceptado aumentar la inversión en seguridad de los centros de menores migrantes no acompañados. Frente a estas cesiones, la Junta ha mantenido las ayudas a las exhumaciones de las asociaciones memorialistas, iniciado una campaña para contrarrestar los bulos contra los inmigrantes o incrementado el presupuesto para las asociaciones de mujeres.

El 2020 se plantea, pues, como el momento en el que Moreno Bonilla debe empezar de verdad a visualizar el cambio sacando adelante los proyectos pendientes si aspira a revalidar un segundo mandato. Un horizonte para el que el presidente andaluz deberá además mostrar cintura con Vox, ya que los sondeos auguran un ascenso de la ultraderecha que le convertiría en su socio preferente a costa de Cs, y decidir si atiende a las voces que en su partido reclaman una refundación de la derecha que incluya a la formación naranja.