El 10 de diciembre de 2013, y en respuesta a una demanda social espoleada por la crisis económica y la corrupción, España aprobó la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, un hito para reforzar el derecho de los ciudadanos a ... acceder a las actividades de la administración, siempre tan opaca. Siete años después, la ley no ha cumplido todos sus objetivos y conocer las actividades de los diferentes gobiernos continúa siendo una tarea hercúlea. El catedrático de ciencia política en la Universidad de Gotemburgo y Esade Victor Lapuente (Huesca, 1976), uno de los mayores expertos españoles en transparencia y corrupción, analiza las luces y las sombras de la legislación española en estas materias.
–¿Es la administración española transparente?
–Algunos expertos dicen que los países que tienen poca corrupción son los que cuentan con leyes de acceso directo a la información. Es decir, que un ciudadano pueda dirigirse a un funcionario público para preguntarle, por ejemplo, cómo utiliza su tarjeta de crédito pública y este funcionario esté en la obligación de darle esa información. Así, si al funcionario se le ocurriera hacer una corruptela, se lo pensaría dos veces. Y luego están los países que tienen más corrupción, en los que hay comités de transparencia que intermedian entre el usuario y la 'sacrosanta' administración. En ellos, la información que se hace pública es sólo la que quiere el Gobierno, que además, lo pone muy difícil. España tiene una ley muy tardía, del 2013, que tiene las dos cosas, acceso a la información y transparencia, una de cal y otra de arena. Tiene muchas lagunas y no es la filosofía apropiada.
–Si en acceso a la información Suecia es un 10, ¿qué puntuación obtendría España?
–Un 6 siendo muy generoso.
–¿Cómo debería ser el proceso para que un ciudadano consiguiera la información que busca en la administración?
–Tan fácil como llamar, pedir un contrato y que en un plazo razonable se le facilitase. Todo el mundo debería tener derecho a contactar a un ministerio y hacerlo. En el fondo, tendría que subyacer una idea muy democrática, y en España ya tenemos unos años de democracia y hay que avanzar: qué se hace con el dinero de los impuestos. Y muy importante: si se quiere expandir el Estado del bienestar, lo ideal sería que los ciudadanos pagaran voluntariamente sus impuestos porque saben qué se hace con su dinero.
–¿Los políticos españoles creen en la transparencia o la ven como un estorbo?
–La siguen viendo como un estorbo y se sienten incómodos siendo transparentes. No han hecho el cambio de filosofía de 'vamos a mostrar qué se hace con el dinero de todos'. Nos falta esa cultura y nos sobra prisa, improvisación y transparencia de cara a la galería. Sí, los políticos publican su patrimonio, sus pisos... Eso es transparencia pornográfica, 'me desnudo ante vosotros'. Pero a los ciudadanos no nos debería interesar el patrimonio de un político, sino qué hace con el dinero público. Desgraciadamente, en España tendemos a focalizarnos en lo primero y dejamos de lado el funcionamiento de las instituciones en su conjunto.
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Derecho a la información.
«Tendría que subyacer una idea muy democrática: qué se hace con el dinero de todos»
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Estructura del Estado.
«Una administración con tantos niveles como la de España dificulta la rendición de cuentas»
–La estructura del Estado en España, con una administración de tantos niveles, ¿dificulta el acceso a la información?
–Lo que dificulta es la rendición de cuentas porque el ciudadano no sabe quién es responsable de qué. Y eso es un problema porque entre las administraciones se van pasando la pelota, como hemos visto en la pandemia. Sospecho de que en España existen solapamientos y un gran ejercicio de transparencia sería auditar las instituciones del conjunto del Estado y reajustarlas, recortando algunas, ampliando otras, lo que hiciera falta.
–En España, un nuevo Gobierno arrasa con varios niveles de la administración cuando llega al poder y son los cargos a dedo, y no los funcionarios de carrera, los que toman las decisiones más importantes. ¿Esto fomenta la corrupción?
–Es un factor clave para explicar los niveles de corrupción. Y no sólo en el Gobierno central, sino en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. De hecho, en la Administración General del Estado al menos tenemos los grandes cuerpos de funcionarios que pueden actuar como contrapeso, pero en las comunidades y en los ayuntamientos existe demasiada discreción en los nombramientos. ¿Ese cargo nombrado a dedo va a denunciar a un político corrupto o viceversa? No, porque el destino que les une a ambos, la supervivencia del partido en el poder, hará que si meten la mano en la caja, miren para otro lado.
–La covid y el estado de alarma ¿han perjudicado la transparencia en España?
–Ha habido una parte positiva y la dicen los gestores sanitarios. Gracias al estado de alarma, se han saltado las rigideces de la ley de contratación y han podido comprar material y fichar personal de manera rápida, lo que ha salvado a los hospitales. A cambio, claro, han informado de lo que estaban haciendo. Pero es cierto que en la gestión 'macro' se han cometido errores tremendos al no hacer públicas determinadas decisiones. Primero, porque ocultar no es democrático. Pero también, porque para el propio Gobierno, la opacidad es pan para hoy y hambre para mañana. Al principio, cuando ocultas, no te desgastas, pero al final, todo se acaba emergiendo. Pero yo aquí tampoco soy partidario de la transparencia pornográfica. La respuesta debe ser intermedia: tomar decisiones en comités de expertos discretos donde se pueda discutir de todo y luego informar en detalle de las decisiones.
El Gobierno, acusado de opacidad en la gestión de la covid
Por Á. S.
Diferentes resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el órgano encargado de garantizar el cumplimiento de la ley de transparencia, han afeado al Ejecutivo su opacidad en la crisis sanitaria. De hecho, el CTBG ha acusado al Ministerio de Sanidad de «dificultar la adecuada protección y garantía del derecho constitucional a acceder a la información pública» al ignorar el departamento de Salvador Illa las peticiones de información de la ciudadanía sobre la covid-19 e incluso los requerimientos del propio Consejo de Transparencia.
En la web del CTBG figuran numerosas solicitudes en las que este organismo ha reclamado a Sanidad que se facilite información sobre la pandemia y en la mayoría de ellas el Ministerio ha respondido con 'silencio'. Pero el Consejo de Transparencia no ha respondido con más silencio. Al contrario, en una resolución conocida el pasado lunes, dio un paso más y ordenó a Sanidad que revele, en un plazo de diez días, los nombres del comité de expertos que asesoraron al Gobierno para gestionar la pandemia.
En los últimos días, el Gobierno ha dado diferentes opiniones sobre esta petición. La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, aseguró que responderá «en tiempo y forma». La vicepresidenta Carmen Calvo defendió preservar el anonimato de los funcionarios que conforman el comité y dijo que la resolución choca con la ley de Protección de Datos. Illa contestó con evasivas cuando se le preguntó por la resolución y el presidente Pedro Sánchez declaró que el Gobierno siempre ha actuado «con transparencia».
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