Sánchez quiere que la Constitución recoja las «aspiraciones nacionales» de Cataluña

Ese deberia ser, según el documento que mañana presentarán en Barcelona los dos partidos, uno de los pilares de la Carta Magna, aunque tampoco en ese texto se define exactamente cuáles serían las implicaciones que acarrearía tal consideración. Hasta ahora, lo único que repite con insistencia Pedro Sánchez es que en ningún caso su propuesta contempla fraccionar la soberanía, que reside en el conjunto del pueblo español, ni dar pie a la creación de nuevos estados.

Sánchez aspira a poner en marcha a partir de septiembre una mesa de partidos para empezar a discutir la reforma constitucional y ya tiene el visto bueno de Podemos y Ciudadanos, aunque sus prioridades nada tienen que ver. El partido de Albert Rivera quiere centrarse en asuntos como la eliminación de aforamienros y un nuevo sistema electoral y solo coincide con el Psoe en las propuestas que afectan a lo territorial en lo que a la necesidad de cambiar el Senado se refiere.

Los socialistas remarcan en el documento que aprobarán mañana que la reforma "deberá" contemplar al menos "cuatro grandes cuestiones": el ya citado reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña; unas nuevas reglas para el reparto competencial "que mejoren el autogobierno de la Generalitat"; un acuerdo sobre la financiación autonómica para dotar de recursos necesarios para el sostenimiento de las grandes políticas públicas, y el establecimiento de un Senado federal instrumento de representación territorial.

Al margen de la reforma, que en todo caso sería una solución a muy largo plazo para Cataluña, el PSOE y el PSC insisten en que, "salvo la demanda relativa al referéndum", ven posibilidades de diálogo y acuerdo sobre las cuatro decenas de asuntos que Puigdemont planteó a Rajoy en su primer encuentro y avanzan que presentarán iniciativas concretas.

Además, abogan por la derogación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local o por aprobar una ley de reconocimiento de la plurinacionalidad lingüística en España (ya registrada en las Cortes por la gestora)