Rajoy no aplicará el artículo 155 en Cataluña sin el aval de Sánchez y Rivera

Este apartado de la Carta Magna faculta al Gobierno a dar «instrucciones a todas las autoridades» de una comunidad autónoma si fuera necesario obligar a un territorio al cumplimiento forzoso de la ley. Y aunque exigiría un requerimiento previo a Carles Puigdemont y el respaldo del Senado, fuentes gubernamentales sostienen que en un plazo «razonable», incluso en apenas cinco días, podría aplicarse.

El PP cuenta en la Cámara alta con la mayoría absoluta necesaria, al menos formalmente, para dar ese paso que en los corrillos políticos se ha rebautizado, quizás de manera errónea dada la amplitud de medidas que puede albergar el 155, como «suspensión de la autonomía». Pero la trascendencia de la crisis a la que se enfrenta el Gobierno y la fragmentación del Parlamento, apuntan en la Moncloa, desaconsejan a Rajoy avanzar sin el acuerdo de Pedro Sánchez y Albert Rivera.

Ninguno de los dos ha dado ni en público ni en privado una respuesta nítida a un planteamiento que, por ahora, sigue siendo una posibilidad más entre las muchas que se han estudiado y que únicamente se abordaría en caso de que la situación lo precisase. «Hoy no estamos en eso», insisten en el Ejecutivo. El secretario general del PSOE no quiso por ello anticipar escenarios inexistentes, aunque incidió en que cualquier medida que se proponga «deberá contribuir a solucionar el problema y no a agravarlo».

Para Sánchez tener que respaldar una solicitud inédita del Gobierno en este sentido no sería menos controvertido que para Rivera. Y aunque la petición al Senado debería ser concreta, ambos dirigentes han reconocido en público en los últimos meses sus recelos respecto al artículo 155 y han exigido al Ejecutivo moderación. La misma «proporcionalidad» a la que se aferra Rajoy, partidario de explorar todas las opciones que ofrece la vía judicial antes de recurrir a instrumentos más comprometidos.

Si se trata de frenar el referéndum, en el Gobierno, por ejemplo, subrayan la relevancia de que la Fiscalía Superior de Cataluña haya trasladado a los Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, Guardia Civil y a las policías locales de los ayuntamientos catalanes, la instrucción de impedir la votación del 1 de octubre incluso con la retirada de urnas y papeletas. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró hoy no tener ninguna duda de que todos los cuerpos de seguridad, incluido el autonómico, velarán por el cumplimiento de la ley.

En este sentido, la batalla ahora mismo está centrada en obstaculizar a la Generalitat la consecución de medios e infraestructuras para la organización de la consulta. Y el Gobierno concede una importancia mayúscula a que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no ceda locales para el referéndum. De ser así, fuentes de la Moncloa creen que en las grandes ciudades la convocatoria estaría condenada al fracaso.

En ese caso, relativizan que en algunos pueblos de Cataluña haya alguien que el 1 de octubre quiera rebelarse y anticipan que esa no será la prioridad del Gobierno. «No va a haber un referéndum -reiteró hoy el titular de Justicia, Rafael Catalá-; ¿que puede haber una urna en una plaza de un pueblo o que ese domingo haya un evento social y 'castellers' y una butifarrada y una urna? Pues no hay que descartarlo y es muy probable que eso exista». La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, sí quiso precisar desde el Senado que se impedirá que los centros de salud acojan la votación.

La confrontación Gobierno-Generalitat llegó a la Cámara alta, que este martes acogía la sesión de control al Gobierno. Desde la bancada de los nacionalistas catalanes, el senador del PDeCAT Josep Lluís Cleríes agitó en su mano las papeletas de votación del 1 de octubre y acusó a Rajoy de «represión» y de causar «la mayor crisis institucional del Estado español». «Les vuelvo a recomendar que hagan autocrítica si no quieren desaparecer», le espetó el presidente del Gobierno tras recordar la trayectoria electoral de la antigua Convergència.

La oferta que sí aceptó fue la del PSOE, que, tras respaldar al Ejecutivo en sede parlamentaria, instó a Rajoy a reflexionar sobre el estado autonómico y buscar una salida al conflicto soberanitsa. «Pero sin cesiones imposibles», matizó el presidente.