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El PSOE se niega a reunirse con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para negociar la senda de consolidación fiscal y el techo de gasto de los presupuestos para 2018. No es que no quiera hablar del asunto. Es que no quiere hacerlo con un ... ministro reprobado. El secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, ha argumentado que no tiene sentido resignarse a que la censura del Parlamento a un miembro del Gobierno sea permanentmente ignorada, como ha ocurrido hasta ahora. "Vamos a empezar a ser consecuentes con nuestros propios actos", ha dicho.
En principio, estaba programado que Montoro se reuniera mañana con los responsables del PSOE en materia económica, entre ellos los diputados Pedro Saura, Javier Lasarte y Julián López, y el secretario ejecutivo de Economía, Manu Escudero. Según fuentes del ministerio de Hacienda, así sigue figurando en la agenda. Ábalos ha asegurado, sin embargo, que la cita será con el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, y con el de Presupuestos, Alberto Nadal.
La reunión se producirá después de que el Consejo Política Fiscal y Financiera, el órgano de coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas, discuta esta misma tarde los objetivos de déficit y deuda para el año que viene y apenas tres días antes de que el Consejo de Ministros los apruebe el lunes, en una reunión extraordinaria, junto al techo de gasto no financiero del Estado, la antesala de las cuentas públicas. El año pasado el Ejecutivo y el PSOE, entonces en manos de la gestora que presidía Javier Fernández, llegaron a un acuerdo. Esta vez, en cambio, la dirección de Pedro Sánchez parece más renuente, aunque no ha cerrado la puerta a nada.
El número dos de los socialistas ha alegado que la propuesta del Gobierno tiene "elementos negativos", entre ellos, la distribución del déficit. El objetivo de 2018 para el conjunto de las administraciones públicas es de un 2,2 % que se distribuiría de la siguiente manera: un 1,2 % para la Seguridad Social, un 0,7% para la administración central y un 0,3% para las comunidades autónomas. Los ayuntamientos no pueden incurrir en déficit y muchos de ellos tienen incluso superávit. El PSOE insiste en que, dado que son los gobiernos autonómicos los que soportan la mayor parte del gasto social (pensiones y prestaciones por desempleo al margen) , el equilibrio no es justo.
Ábalos también ha subrayado que no se está cumpliendo el acuerdo al que se llegó en diciembre de 2016 sobre la regla de gasto de las entidades locales. El pacto entre el PSOE y el Gobierno incluía su flexibilzación para que los ayuntamientos puedan dedicar el superávit a gasto corriente y no obligatoriamente a la amortización de deuda. Eso hace que los socialistas mantengan ahora la cautela.
En todo caso, en la dirección del partido hay discusión sobre qué hacer. Algunos, como el portavoz de la formación y alcalde de Valladolid, Óscar Puente defienden que habría que valorar las contrapartidas que puedan arrancarse al Gobierno a cambio de su 'sí'. En todo caso, esta vez Mariano Rajoy lo tiene algo más fácil para buscar otros socios y el PSOE no es tan determinante. Así quedo probado en la negociación de los presupuestos, aprobados con el apoyo de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias.
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