Ocho meses para dos leyes

En los ocho meses transcurridos desde la investidura de Rajoy, el Ejecutivo sólo ha remitido a las Cortes ocho proyectos de ley, pero la mayoría son transposiciones de directivas europeas pendientes desde 2013 y 2014. Realmente propio puede considerarse uno, los Presupuestos Generales del Estado de 2017. La otra ley publicada en el BOE es una norma comunitaria para facilitar la restitución de bienes culturales sacados ilegalmente del país.

La oposición tampoco puede tocar las campanas. En este tiempo, se han puesto de acuerdo para reprobar a dos ministros, el de Justicia y el de Hacienda; al secretario de Estado de Interior; al fiscal general del Estado y al ya exfiscal Anticorrupción. También han coincidido en censurar con proposiciones no de ley parte de la obra legislativa de Rajoy. Pero, en cambio, no han podido pactar articulados que produzcan cambios reales. Y eso que ya llevan registradas 116 proposiciones de ley, más de la mitad de lo que presentó la oposición en toda la legislatura pasada.

Sólo ha habido un par de excepciones: la reforma para que el nombramiento de los directivos de RTVE tenga que volver a hacerse por consenso, y la ley de autónomos impulsada por Ciudadanos. Ambas concitaron un amplio respaldo en el Congreso. El PP se sumó a la del ente público para no quedarse solo y Albert Rivera logró el apoyo hasta de Podemos para la suya. Es cierto que la crisis del PSOE ha contribuido en buena medida a que todo se ralentice. Durante los últimos meses de 2016, tras la investidura, la gestora dirigida por Javier Fernández marcó una estrategia de «oposición útil» con la que se situó en el centro del tablero político.

Por un lado, pactó con el Gobierno cuestiones como la senda de consolidación fiscal a cambio de contrapartidas sociales (una subida del 8% del Salario Mínimo Interprofesional). Por otro, se alió con otras fuerzas para tramitar reformas como la de la ‘ley mordaza’. Y con su veteranía, por aquello de que más sabe el diablo y de que los de Podemos todavía no se manejaban bien con los procedimientos y triquiñuelas parlamentarias, trató de comer la tostada a Pablo Iglesias colgándose medallas por las que éste llevaba tiempo luchando como el acuerdo sobre la pobreza energética.

En febrero, cuando se dio extraoficialmente el pistoletazo de salida a las primarias que ganó Pedro Sánchez en mayo, la dirección socialista advirtió al Gobierno de que todo sería «más difícil» y pidió tiempo al resto de los grupos. El caso es que la parálisis del Parlamento es llamativa. Las iniciativas del PSOE y el PNV para modificar la ‘ley mordaza’, por ejemplo, llevan meses arrumbadas en la comisión de Interior. Se ha ampliado hasta en diez ocasiones el plazo de enmiendas previo a su discusión.

En pausa está también la iniciativa de los nacionalistas vascos para revertir la reforma aprobada por el PP en los estertores de la X legislatura, en plena campaña de las elecciones catalanas, con la que se atribuyó al Tribunal Constitucional la potestad de inhabilitar a los cargos públicos que incumplan sus resoluciones. Los socialistas apoyaron en diciembre la toma en consideración del texto con el que el PNV pretendía tumbarla, pero ya lleva 18 ampliaciones del plazo de enmienda y no es probable que Sánchez quiera sacarla del cajón en septiembre, en pleno desafío independentista.

A los problemas de los grupos para ponerse de acuerdo se suman también los vetos del Ejecutivo a iniciativas que implican gasto. Fuentes socialistas señalan que hay 22 iniciativas de distintas fuerzas en esa situación, entre ellas, una de Podemos para subir progresivamente el SMI o una sobre pensiones de orfandad para hijos de víctima de la violencia de género. La idea del secretario general del PSOE es que esto cambie. De ahí su empeño en crear grupos de trabajo para pactar una agenda de oposición. Pero está por ver que haya frutos. También había buenas intenciones cuando se pusieron en marcha ocho subcomisiones sobre asuntos sensibles –desde la educación a la violencia machista– y ninguna ha arrojado conclusiones.