Un nuevo día de la no independencia

Nada de eso ocurrirá a lo largo de hoy. Ni el presidente de la Generalitat saldrá al balcón del Palau de la Generalitat a proclamar la república catalana, ni lo hará el Parlamento catalán. De hecho, la mayoría que forman Junts pel Sí y la CUP ya ni siquiera contempla la declaración unilateral, al menos a corto plazo, y ha reducido su hoja de ruta a la celebración de un referéndum, que en ese caso sí, podría dar lugar a la proclamación de la secesión, en caso de victoria del sí.

Puigdemont prometió que estaría un año y medio al frente del gobierno y luego se marcharía. De momento, la legislatura se prolongará hasta el 1 de octubre, fecha prevista para la consulta. A partir de ahí, todo es una incógnita, en parte porque el partido del presidente de la Generalitat es el menos interesado en que acabe la legislatura. Y también, porque el secesionismo acumula ya unos cuantos incumplimientos en los últimos años.

Ha prometido varias veces llegar a Ítaca, pero el viaje no acabar de concluir. La primera fecha que se fijó como el día D, como el día de la independencia, fue el 23 de abril de 2015. La ANC, por entonces presidida por Carme Forcadell, marcaba la política catalana y condicionaba al ejecutivo como ahora lo hace la CUP.

Meses antes de la consulta del 9-N de 2014, la influyente plataforma de la sociedad civil se atrevió a establecer para el día de Sant Jordi de 2015 como el día en que Cataluña alcanzaría la plena soberanía, después de votar en la consulta del 9-N de 2014. No solo no ocurrió, sino que la consulta acabó rebajada a proceso participativo sin ningún efecto jurídico. Sí hubo, en cualquier caso, urnas y votación, como había prometido Mas, que junto a Homs, Ortega y Rigau han sido condenados a penas de inhabilitación por desobedecer al Constitucional.

La siguiente promesa grandilocuente que no acabó de consumarse fue la del 27-S. Mas vendió las elecciones catalanas como el «referéndum definitivo que Madrid no nos deja hacer». Consiguió que los comicios tuvieran un cariz plebiscitario, pero lejos del «voto de tu vida» que anunciaba Junts pel Sí en su lema de campaña. Tras la investidura de Puigdemont, una nueva cita con la historia, hoja de ruta de 18 meses, y proclamación de la independencia. Ese plan quedó desfasado en septiembre del año pasado.

Ahora, la próxima estación es el 1-O, referéndum oficial y vinculante. Y el presidente de la Generalitat, Junts pel Sí y la CUP anuncian que la ley de la consulta establece que en caso de victoria del sí, en dos días como máximo se proclamará la secesión. Es decir, los independentistas vuelven a colorear en rojo en sus calendarios el 2 o el 3 de octubre. O incluso el 6 de octubre para conmemorar el día en que en 1934 Lluís Companys salió al balcón del Palau de la Generalitat a proclamar el Estado catalán.

El último incumplimiento de los independentistas podría ser la llamada ley de transitoriedad jurídica. Llevan meses anunciándola a bombo y platillo, como la norma que supondría una declaración de independencia de facto, ya que sustituiría la legalidad española por la catalana.

Sin embargo, de momento se conforman con la ley del referéndum y los últimos planes de las fuerzas secesionistas apuntan a que la de la desconexión no se aprobará antes del 1-O y que supeditarán su tramitación y votación en la Cámara catalana al resultado del referéndum.