El independentismo replica al Constitucional aprobando la ley de la desconexión

Fue en una nueva atropellada, larga y crispada sesión parlamentaria, que acabó cerca de la una de la madrugada, tras casi 12 horas y tres interrupciones para las respectivas reuniones de la mesa. El Parlamento aprobó la norma, con los votos de Junts pel Sí y la CUP (que suman el 53% de los escaños). Como el día anterior, la oposición constitucionalista (Cs, PSC y PP) se ausentó del hemiciclo en el momento de la votación. Catalunya sí que es Pot votó en contra.

La llamada ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana hace saltar por los aires el Estatuto, la Constitución y 40 años de autonomismo, pues proclama que “Cataluña se constituye en una república de derecho, democrática y social”. La situación política catalana se enreda por momentos y solo en ese contexto puede entenderse que la Cámara catalana aprobara ayer una ley para que no entre en vigor, sino para volver a meterla de nuevo en un cajón. Se trata de una proclamación de independencia en diferido, de tal manera, que deja “claro”, “qué pasará si gana el sí en el 1-O”, según fuentes independentistas. En caso de que se impusiera el no en el referéndum, Puigdemont se ha comprometido a convocar elecciones autonómicas, pero si gana el sí, Cataluña pondría la directa para proclamar la independencia a las 48 horas del referéndum y con el objetivo de abrir un proceso para crear un nuevo Estado en el plazo de un año. Esta ley, calificada como la “norma suprema del ordenamiento jurídico catalán”, sería la base legal sobre la que se pilotaría la ruptura del resto de España, en torno a un año, hasta que la nueva Cámara catalana resultante de unas elecciones constituyentes, previstas para primavera de 2018, elabore una Carta Magna, que debería ser sometida a referéndum. Como la ley del referéndum y el decreto de convocatoria, esta norma, que afirma que la “soberanía nacional reside en el pueblo de Cataluña, del que emanan todos los poderes del Estado”, será inmediatamente suspendida por el Constitucional. Poco después del anuncio del Tribunal Constitucional de suspender la ley del referéndum y el decreto de convocatoria de la 1-O, el presidente de la Generalitat cargó ayer con dureza contra España, que calificó como un Estado “no democrático”, donde el ejercicio de la democracia se confunde con los “tribunales" las "cloacas" o la”guerra sucia". A escasos días de la Diada del 11-S, que volverá a reunir a cientos de miles de catalanes en la manifestación secesionista organizada por la ANC y Ómnium, Puigdemont animó a la ciudadanía a dar una respuesta en la calle a las decisiones tomadas por los poderes del Estado para tratar de frenar el 1-O. Frente al “tsunami de querellas" por parte del Estado, “Cataluña reaccionará con un tsunami de democracia" ya que, "tendremos las calles llenas de gente y finalmente haremos el 1 de octubre”, afirmó en TV3. Puigdemont se unía así a los sectores más radicales del soberanismo, que plantean movilizaciones permanentes al estilo Maidán e incluso la ocupación de infraestructuras estratégicas para defender el referéndum.

El independentismo es consciente de que la ley de la desconexión, pase lo que pase el 1-O, es muy difícil que vuelva a salir del cajón, porque rompería el Estado español, tal y como está articulado. Pero está concebida como un nuevo aviso para navegantes, como una amenaza para acumular fuerzas, de cara al choque que se avecina por el 1-O. Y está planteada como advertencia al Gobierno central, al que se provoca constantemente desde el secesionismo para que actúe de manera desproporcionada, lo que el independentismo vendería como una victoria para poder denunciar al Ejecutivo central ante la comunidad internacional. La norma sirve además para movilizar a la parroquia soberanista días antes de la manifestación de la Diada. Y vuelve a visualizar, que quien lleva las riendas del proceso es la CUP, que exigió que fuera aprobada antes del 11-S, a diferencia del PDeCAT y algunos miembros del Ejecutivo catalán, que preferían que se validara después del 1-O.

Igual que el día anterior, la Cámara catalana vivió ayer un pleno maratoniano y muy crispado, puede que el más tenso en 40 años desde la recuperación de la democracia. El proceso soberanista ha tensionado tanto la situación en Cataluña, que el Parlamento autonómico dejó una imagen que en el Congreso de los Diputados sería impensable y que describe el nivel de enfrentamiento que hay entre el secesionismo y los partidos no independentistas: los grupos del PP, Ciudadanos y el PSC, el frente constitucionalista, aplaudiendo puestos en pie la intervención del portavoz del grupo en el que está integrado Podemos. No solo aplaudieron a rabiar, sino que profirieron gritos de “democracia, democracia”, suscribiendo todo lo que decía el diputado de Catalunya sí que es Pot, Joan Coscubiela, mientras intervenía en el pleno. Los gritos iban contra los independentistas, que han puesto la directa hacia la desconexión y a ojos de la oposición están dispuestos a hacer lo que sea con tal de aprobar sus iniciativas, en este caso aprobada de urgencia y en lectura única. Incluso “pisotear” y “atropellar” los derechos de los diputados y aplicar prácticas “antidemocráticas y autoritarias”, según denunciaron desde la oposición. Da igual que el Consejo de Garantías Estatutarias advierta a Junts pel Sí y la CUP de que se están saltando todos los formalismos parlamentarios y estén actuando más allá del Estatuto y la Constitución. Junts pel Sí y la CUP habían decidido que esta semana, previa a la Diada del 11-S, debían aprobar todo los mecanismos de la desconexión y como no tenían tiempo suficiente, ayer redujeron los trámites parlamentarios y tiraron por el camino del medio. Tira millas, dijeron, lo que implicó que los grupos de la oposición no pudieran presentar enmiendas a la totalidad, no pudieran pedir dictámenes al consejo de garantías estatutarias, lo que a su juicio violentó sus derechos parlamentarios y supuso un golpe a la democracia.

El debate de la ley de la desconexión ahondó ayer en la fractura de la Cámara. El proceso ha dividido en dos a la sociedad catalana y las posiciones quedaron ayer más definidas. Existe una mayoría absoluta que tiene el 53% de los escaños, que representa al 47% de los votos, frente al 47% de los diputados de la oposición, que obtuvieron el 53% de los sufragios.