El independentismo exhibe toda su fuerza ante el 1-O

Las reclamaciones fueron las mismas que en los años anteriores. Lo que hizo diferente esta edición fue que el referéndum ya está convocado de manera oficial, la ley que lo ampara ya está aprobada y está lista además la norma que debe guiar la desconexión. Nunca antes el independentismo había llegado con semejante arsenal legal a una Diada. El soberanismo civil desbordó el centro de Barcelona para arropar al Gobierno catalán, para agradecerle que haya forzado al máximo las costuras del Estado y para dejarle claro que «no estará solo» en su desafío de aquí al 1 de octubre.

A pesar de que en los últimos años los dirigentes soberanistas han realizado promesas que no han acabado de cumplir, como consumar la independencia en 18 meses, el soberanismo civil demostró una vez más que es inasequible al desaliento y que no parará hasta alcanzar sus metas, por imposibles que puedan parecer. Según cifras de la Guardia Urbana, en torno a un millón de personas participaron en la manifestación, celebrada entre el paseo de Gracia y la calle Aragón, donde la multitud formó una enorme cruz, un símbolo positivo «por la democracia y la libertad». La Delegación del Gobierno en Cataluña habló de 350.000 personas.

Más allá de la guerra de cifras, la capacidad de movilización de las entidades soberanistas es innegable, aunque sí apunta a que el independentismo ha tocado techo. La propia Policía municipal barcelonesa cifró en 1,8 millones de personas la asistencia a la manifestación de 2014 y de 1,6 millones, según los Mossos, el año anterior, bastantes miles de personas más que hoy. Los guarismos fueron similares a los del año pasado, a pesar de que el secesionismo había planteado la Diada de este año como la primera vuelta del 1-O y aún deberá incrementar de manera considerable su capacidad de movilización si quiere que el referéndum sea un éxito y supere el registro del proceso participativo del 9-N de 2014, en el que votaron 2,3 millones de personas, un tercio del censo.

Por tanto, todo lo que no sea superar esa cifra sería un fracaso para el Gobierno catalán, que donde va a encontrar más resistencia para ir a votar es entre el electorado contrario a la separación. Justo el que no se manifestó hoy en Barcelona y que no acudirá a votar si no está convencido al 100% de que el referéndum es de verdad y con efectos jurídicos, y no un nuevo simulacro, como los anteriores: el de 2014 y las presuntas elecciones plebiscitarias de 2015.

El independentismo, que en los últimos tiempos ha cometido errores de bulto, como politizar la manifestación contra los atentados de Las Ramblas y Cambrils o aprobar la ley del referéndum de manera atropellada y sin respetar los derechos de la oposición, corre además el riesgo de acabar frustrando a su parroquia si sigue fijando hitos históricos, pero no cristalizan. Es el caso de la celebración de un referéndum de autoderminación, que no aparecía en el programa electoral de Junts pel Sí ni de la CUP, pues se consideraba una «pantalla pasada», en palabras de Oriol Junqueras, y que Carles Puigdemont fijó hace un año como el objetivo de la legislatura.

A veinte días del 1 de octubre y justo después de que el Gobierno catalán y el Parlamento autonómico consumaran el desafío y el Estado pusiera en marcha el proceso judicical, un secesionismo eufórico y muy impaciente se conjuró para celebrar la consulta y a proclamar la República catalana, para separarse de un Estado que calificó de «dictatorial» y «franquista», según la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia.

El referéndum, sin embargo, sigue en al aire. El Gobierno central ha asegurado que hará todo lo que esté en su mano para que no haya urnas, justo lo contrario que el Ejecutivo autonómico, que promete una consulta vinculante, con todas las garantías. Puigdemont instió hoy en lanzar una última oferta a Rajoy para negociar la consulta. Uno de los dos gobiernos, en cualquier caso, deberá comerse sus palabras la noche del 1-O. En el 9-N existió un acuerdo más o menos tácito entre ambas administraciones para que la jornada transcurriera sin incidentes. Pero en esta ocasión, la situación es distinta.

Aunque el Gobierno insiste en que no habrá urnas, los máximos responsables de las entidades convocantes, la ANC, Ómnium y la AMI, tomaron la palabra al término de la manifestación y garantizaron el 1-O. «Votaremos, nadie lo impedirá», afirmó Jordi Sánchez, de la ANC, que llamó a la ciudadanía a que se declare insumisa ante los tribunales y las leyes españolas, que «solo buscan preservar la unidad de la patria». De forma desafiante, Sánchez se dirigió a todos los que buscan las urnas y las papeletas. «Sabemos donde están. Si el día uno vais a los colegios electorales, encontraréis la urnas llenas de votos», retó. El presidente de Ómnium, Jordi Cuixart, mientras, señaló, con una papeleta en la mano: «Ya nos hemos autodeterminado. Ya no reconocemos sus tribunales». Y como aviso para navengantes, remató: «Estaremos en pie lo que haga falta. Hasta el 1-O y más allá».