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Bilbao
Lunes, 3 de julio 2017, 11:09
El secretario de Derechos Humanos y Convivencia, Jonan Fernández, ha reclamado al Gobierno central un "marco de reflexión compartido" respecto la política penitenciaria que se aplica a los presos de ETA y que permita a los Ejecutivos vasco y español decirse las cosas "cara a ... cara".
En declaraciones a Radio Euskadi, Fernández se ha referido a la decisión del colectivo de presos de ETA (EPPK) que ha aprobado con un 73% de votos el documento en el que aceptan acogerse a la legalidad penitenciaria.
En este sentido, y tras el anuncio del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de que el Gobierno no modificará su política penitenciaria hasta que ETA se disuelva, Fernández ha lamentado que no exista "un marco de reflexión compartido" entre ambos gobiernos que evite que se tengan que "discutir" estas cuestiones a través de los medios de comunicación.
Fernández ha valorado que, "objetivamente", la situación ha cambiado "mucho y la de hoy no es la misma de hace diez o quince años", mientras que, por contra, las declaraciones del ministro del Interior "lo mismo se podrían decir hoy que hace diez o doce años".
Tras recordar que hace seis años ETA declaró el cese definitivo de la violencia y durante este tiempo se ha podido comprobar que "era real e irreversible", Fernández ha incidido en que el pasado mes de abril la organización terrorista entregó las armas de manera incondicional y unilateral y "ahora los presos han hecho lo que se les ha pedido desde hace años, que acepten la vías legales individuales de beneficios penitenciarios".
"Es indiscutible que la situación está cambiando. En ese contexto hay que preguntar al Gobierno si en ese proceso de cambio indudable, al que le faltan pasos como la disolución de ETA, el papel que quiere jugar institucionalmente es el de facilitar y empujar el cambio definitivo o si se quiere estar en una posición diferente, no facilitadora del cambio. Este es el momento histórico en que estamos", ha recalcado.
Por su parte, la parlamentaria del PSE-EE Alexia Castelo ha considerado que no debería escandalizar que haya un acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco, aunque ha reconocido que el hecho "puede levantar alguna ampolla".
En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, la representante socialista ha incidido asimismo en que la política penitenciaria debe aplicarse con los criterios que marca la ley pero "vistos de forma diferente a cuando ETA estaba en plena actividad".
Por otro lado, ha admitido que los socialistas se sienten "cómodos en el Gobierno vasco" ya que tienen claro que se están cumpliendo los puntos del pacto que firmaron con el PNV.
No obstante, ha reconocido que en la ponencia de autogobierno hay cuestiones en la que mantienen diferencias con la formación jeltzale. "Se escucha a gente que habla de la actualización del Estatuto y por otro lado hemos tenido a expertos que han venido a hablar del derecho a decidir que es lo que preocupa a los nacionalistas", ha añadido.
Por otro lado, Fernández ha recordado que el conjunto de la política penitenciaria ni la decide el Gobierno español ni el vasco, sino que "en buena medida la deciden los jueces en función de la interpretación que hacen de la ley y de la posición que adopta cada preso".
"También tiene mucha importancia lo que haga el colectivo de presos y su entorno para que se puedan producir cambios en la política penitenciaria", ha añadido.
De este modo, ha reconocido que, más allá de saludarse en actos públicos con el ministro Zoido, "no hay un espacio compartido entre el Ministerio del Interior y la Secretaría para tratar estas cuestiones". "No hay de momento receptividad del Gobierno español en relación a este planteamiento. No existe un marco. Ha existido cuando ETA estaba activa en sus peores momentos y ahora no existe", ha criticado.
De este modo, ha manifestado que en esta legislatura hay "predisposición y buenas palabras, pero no un marco claro para decirnos las cosas cara a cara".
En este sentido, ha reconocido que desconoce si por parte del Ejecutivo central hay desconfianza hacia el Gobierno vasco, pero en todo caso sería "un imperativo de responsabilidad institucional". "Somos instituciones más allá de confianzas y lo mínimo es hablar y poner encima de la mesa los planteamiento", ha argumentado.
A su juicio, para evitar divisiones en los presos o "actuaciones indeseables que pudieran surgir de esas divisiones" es mejor acompañar y favorecer "el cambio que se está dando".
"No hay ningún elemento que lleve a pensar que este cambio respecto al uso de la violencia tenga sombra de duda o amenaza. Se está produciendo, la mayor parte del camino está recorrido aunque quedan etapas. Es mejor acompañarlas empujando que adoptar una actitud como mínimo pasiva", ha afirmado.
Fernández ha subrayado además que "nadie pide que los presos de ETA tengan un trato diferenciado del resto", sino que lo que se solicita es que se aplique la ley que se aplica a todos los presos y se interprete "con normalidad, no desde una perspectiva de excepcionalidad".
"No hay amenaza terrorista en Euskadi ni riesgo de reincidencia. No existe prácticamente una organización terrorista activa, y eso desde el punto de vista penitenciario es un elemento importante que varía el análisis. No se pide nada extraordinario, sino que se lea la ley desde una realidad diferente a la de hace quince años", ha expresado.
Asimismo, ha considerado "fundamental" crear un contexto favorable al cambio de la política penitenciaria, cuestión que "requiere diferentes aportaciones" también por parte de los presos.
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